Se están preparando las primeras órdenes de cierre después de que las inspecciones descubrieran supuestos incumplimientos urbanísticos en los alrededores de Torrellano y El Altet.
El Ayuntamiento de Elche se prepara para cerrar los primeros depósitos de vehículos que funcionan cerca del aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche después de que una importante campaña de inspección identificara instalaciones que supuestamente incumplen la normativa urbanística.
La actuación se dirige a zonas de Torrellano y El Altet, donde la rápida expansión de aparcamientos y recintos para vehículos relacionados con el aeropuerto ha provocado una creciente preocupación entre los vecinos.
La Policía Local ha inspeccionado unas 60 instalaciones y ha ordenado a los operadores que presenten licencias y otra documentación acreditativa. Una vez que expire el período de respuesta formal, el consejo dice que comenzará a tomar medidas contra las empresas que no puedan demostrar que cumplen con los estándares requeridos.
El alcalde Pablo Ruz dijo que las primeras órdenes de cierre se estaban ultimando mientras la autoridad toma medidas para controlar lo que describió como un “caos absoluto”.
La controversia se centra en la conversión de terrenos agrícolas y rurales en grandes áreas de almacenamiento de vehículos que dan servicio al aeropuerto. Los residentes se han quejado repetidamente de la escala de los desarrollos, su impacto visual y la aparente falta de una regulación efectiva.
El ayuntamiento distingue claramente entre los recintos utilizados por las empresas de alquiler de coches y los aparcamientos de larga duración destinados a los pasajeros de las líneas aéreas.
“Los sitios de almacenamiento de vehículos son necesarios, pero los necesarios son los que utilizan las empresas de alquiler, no los aparcamientos de los aeropuertos”, afirmó Ruz.
El alcalde añadió que no se han abierto nuevos sitios desde que se introdujeron cambios en el Plan General de Desarrollo de la ciudad para regular el sector.
Los residentes de Torrellano han pedido una aplicación rápida y decisiva, argumentando que se ha permitido que el problema crezca durante demasiado tiempo. El grupo de oposición Compromís también ha acusado al gobierno local de no actuar con suficiente antelación para evitar la expansión de grandes aparcamientos en tierras rurales.
Los primeros cierres marcarían un cambio significativo de las inspecciones y advertencias a la aplicación directa.
La atención se centrará ahora en la redacción final de las normas urbanísticas y en los criterios utilizados para determinar qué instalaciones pueden seguir funcionando y cuáles se verán obligadas a cerrar.