El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado un procedimiento judicial para declarar inválido su controvertido contrato de recogida de residuos de 2008 después de que un tribunal declarara que el proceso de licitación había sido manipulado.
El contrato estuvo en el centro del prolongado caso de corrupción de Brugal y fue adjudicado por un antiguo gobierno del Partido Popular encabezado por la entonces alcaldesa Mónica Lorente.
El actual ayuntamiento liderado por el PP ahora acepta que la adjudicación del contrato estuvo “contaminada criminalmente”, dañó gravemente al municipio y fue el resultado de un proceso de licitación diseñado para favorecer al postor ganador.
Sin embargo, a pesar de la importancia del caso, el asunto se discutió sólo durante aproximadamente un minuto y medio durante la reunión del consejo del jueves.
El portavoz del PP, Víctor Valverde, afirmó que se trata de una cuestión estrictamente legal que ya había sido explicada en un comunicado de prensa. El alcalde y concejal de Hacienda, Pepe Vegara, no intervino durante el debate.
La revisión formal tiene como objetivo en gran medida proteger al ayuntamiento de una reclamación de 10,9 millones de euros, más intereses, de las empresas que anteriormente operaban el servicio.
El contrato fue adjudicado en septiembre de 2008 a un consorcio formado por Sufi, filial de Sacyr, y Liasur y Gobancast, empresas vinculadas al empresario Ángel Fenoll. Se firmó por diez años y con un coste anual de más de 9,4 millones de euros.
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el consorcio había recibido información confidencial sobre las bases del concurso. Esta información luego se utilizó para preparar su oferta y obtener una ventaja sobre las empresas rivales.
El tribunal determinó que la ex alcaldesa Mónica Lorente y el ex concejal Manuel Abadía estuvieron involucrados en el suministro de información privilegiada relacionada con la licitación.
A pesar de las preocupaciones en torno al contrato, Lorente dijo en su momento que todo el proceso de adjudicación se había llevado a cabo correctamente.
El servicio de residuos pasó a manos del ayuntamiento en 2012 durante la presidencia de la ex alcaldesa Monserrate Guillén. Sin embargo, la liquidación financiera final del contrato cancelado nunca se ha completado.
El antiguo contratista solicita ahora 10.931.260 euros, más intereses, para cubrir los gastos y la indemnización relacionados con la rescisión del acuerdo.
Los abogados del Ayuntamiento sostienen que el contrato no debería considerarse un acuerdo válido que luego fue cancelado. En cambio, dicen que debería considerarse legalmente inválido desde el principio porque resultó de una conducta criminal.
Esto haría mucho más difícil para el excontratista exigir una compensación, lucro cesante u otros beneficios financieros.
El ayuntamiento también podría intentar reclamar más de 23 millones de euros en concepto de daños y perjuicios al consorcio, conocido como Orihuela Capital de la Vega Baja. Esta cifra incluye las pérdidas financieras calculadas por los funcionarios municipales, aunque el informe completo no se ha hecho público.
La propuesta de iniciar la revisión fue apoyada por el PP, Vox y el PSOE. Ciudadanos y Cambiemos se abstuvieron.
La concejala del PSOE, María Lacárcel, dijo que la revisión era necesaria para evitar que los residentes de Orihuela pagaran millones de euros debido a un escándalo de corrupción.
El portavoz de Ciudadanos, José Aix, criticó al PP por no aceptar abiertamente su responsabilidad política. El portavoz de Cambiemos, Quique Montero, también acusó al gobierno de no explicar adecuadamente el tema a los vecinos.
El caso pasará ahora al Consejo Asesor Jurídico de la Comunidad Valenciana. Su dictamen será obligatorio y vinculante antes de que el pleno del ayuntamiento de Orihuela pueda decidir finalmente si la adjudicación del contrato de 2008 debe declararse nula y sin efecto.