“Andalucía se vende sola”. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, será el nuevo vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Entre sus retos estará, como en la legislatura pasada, decidir si Andalucía tendrá o no tasa turística, una propuesta reclamada por Múltiples alcaldes y rechazada de pleno por la Junta.
El turismo es un sector fundamental en Andalucía. La comunidad recibió 37,9 millones de turistas en 2025, un 5,2% más que el año anterior. Además, por primera vez, los ingresos generados por el sector superaron los 30.000 millones de euros de impacto económico total. De hecho, durante el año, hubo de media 482.000 personas ocupadas en el sector turístico, y picos de hasta 531.000 empleos en el tercer trimestre.
El todavía consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, bloqueó la entrada en vigor de la tasa turística. Pese a las peticiones de los ayuntamientos de su puesta en marcha puso en marcha el Observatorio de Sostenibilidad Turística en el que están presentes la Consejería de Turismo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la CEA, que rechazaron su puesta en marcha.
“Vamos a hablar con todos, cuando nos hemos posicionado en contra escuchamos a los agentes”, explicó el miércoles el líder de Vox en la tradicional rueda de prensa del Parlamento. Además, Garvira señaló que la tasa es “una decisión política” y emplaza la decisión a reunirse con los agentes del sector, aunque recordó que “estaban en contra”. Así, defendió que mantendrían su postura contraria y apuntó a la gestión de los recursos como principal problema.
Vox habla de “impuesto encubierto”
En el debate sobre la tasa turística que se celebró en el Parlamento de Andalucía en julio de 2024, Vox fue el único partido que, junto al PP, rechazó la propuesta del Adelante Andalucía de imponer una tasa turística en la comunidad autónoma. Allí, su diputado Antonio Sevilla, que continúa en el Parlamento, pidió “explorar alternativas más efectivas” y tildó de “impuesto encubierto” la tasa que proponían los andalucistas.
Entre las principales exigencias de la extrema derecha para entrar en el gobierno de Juanma Moreno ha sido la reducción de los impuestos en la comunidad autónoma. Una y otra vez Gavira ha subrayado su voluntad en retirar todos los tributos autonómicos posibles. De hecho, el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones contempla deducciones en el IRPF o la supresión de tres tributos ambientales propios.
“No habrá debate sobre la tasa turística mientras el sector no lo pida”, clamaba el hasta ahora consejero cada vez que se le preguntaba al respecto. La situación no es muy distinta en esta nueva legislatura. Con el marco ideológico que plantea Vox, la imposición de una tasa turística tiene difícil encaje, que no tuvo buena acogida en el sector.
La postura de las capitales.
En el equipo de José Luis Sanz, primer edil de la capital hispalense, lo tienen claro. “El alcalde siempre ha sido firme en que Sevilla debe de cobrar una tasa turística a los turistas”, sostienen fuentes municipales consultadas por El Correo de Andalucía. Desde el Ayuntamiento sostienen que “así lo ha manifestado cada que le han preguntado y en los foros sobre turismo” y posponen su actitud ante el nuevo consejero.
Cádiz fue una de las más exigentes con esta medida, aunque reclaman “un diálogo permanente con el sector”. Así, plantea dos opciones para su implantación y puesta en marcha en la localidad: o que la Junta de Andalucía apruebe una tasa turística o que sea el Gobierno de España quien lo haga. En este punto esgrimen que “el Ayuntamiento de Cádiz no tiene capacidad administrativa para poder hacerlo” y piden que, si no, el Estado dé la capacidad de recaudarla a los ayuntamientos.
En Córdoba, fuentes cercanas al alcalde José María Bellido recuerdan que tienen “una moratoria de tres años para VUT en dos distritos de la ciudad (Centro y Sur) basada en un estudio de la empresa municipal de viviendas que se actualizará este año”. Sin embargo, el equipo del alcalde evita realizar declaraciones respecto a la tasa turística, sostienen que su postura no han cambiado, pero que “ahora mismo no está encima de la mesa”.
Entre las ciudades que más lo reclamaba también estaba Granada, que se muestra a favor de la tasa siempre que “no sea impuesta unilateralmente”. Además, insisten en que la evaluación de la medida, que debe ser “meditada no improvisada”, “debe destinarse específicamente a cuestiones vinculadas a los intereses del sector turístico”. “Es una oportunidad para mejorar el día a día de los vecinos, el patrimonio y la calidad de los servicios”, insiste.
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