El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según un medio de comunicación.
Se trata de lo publicado por ‘El Español’ en una información en la que se asegura que la policía ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga los hechos un informe en el que indica que la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.
En el oficio dirigido a Pardo, según fuentes del Ministerio, el ministro del Interior reclama ser informado sobre la veracidad de lo publicado por ese medio de comunicación y, en su caso, conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación, esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado.
La posición del Ejecutivo, defendida tanto por Marlaska como por el propio presidente Pedro Sánchez, es que no hay evidencias de una participación de Marruecos en la entrada de las millas de personas a la ciudad autónoma. Incluso el jefe del Ejecutivo considera la colaboración con Marruecos como “francamente positiva” para encaminar “esta crisis” que “solo se va a poder resolver con la colaboración” del país vecino, “no con falta de confianza”, y que se propagó por “bulos” en redes “asociadas a Rusia e Israel”.
Grande-Marlaska recuerda al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y con independencia de las diligencias judiciales que la Audiencia Nacional pueda practicar, una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno (mando único colegiado) y de los demás órganos con competencias en este ámbito.
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