El Gobierno español ha vetado la tramitación de una ley que permitiría a Baleares decidir el número de vuelos en los aeropuertos de las islas y fijar las tarifas aeroportuarias, entre otras cuestiones.
Web de actualidad independiente
El Gobierno español ha vetado la tramitación de una ley que permitiría a Baleares decidir el número de vuelos en los aeropuertos de las islas y fijar las tarifas aeroportuarias, entre otras cuestiones.
La ley de cogestión aeroportuaria acordada por el Parlamento Balear requería la aprobación del Congreso para poder prosperar. Sin embargo, el Gobierno ha vetado su tramitación en el Senado. Un informe del Congreso del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, deja claro que el Gobierno “no da su consentimiento para su tramitación”, al considerar que tendría un impacto directo en los ingresos de la autoridad aeroportuaria AENA y, por extensión, en los ingresos del Estado.
El Gobierno sostiene que la propuesta de competencias para un Comité de Coordinación de Aeropuertos de Baleares, en el que el Estado perdería su participación mayoritaria, podría afectar directamente a las tarifas aeroportuarias y al tráfico aéreo, reduciendo así los ingresos de AENA. Como el Estado posee el 51% de AENA, sus ingresos se verían igualmente afectados.
Madrid se pregunta si Baleares debería tener autoridad vinculante sobre las inversiones aeroportuarias. Una modificación de los planes de inversión de los aeropuertos de Baleares podría afectar al sistema tarifario y, en definitiva, a todos los aeropuertos de la red. También podría perjudicar la conectividad de Baleares y dar lugar a menos opciones para los viajeros. AENA señala que las aerolíneas operan en un mercado liberalizado y toman sus decisiones según sus propias estrategias comerciales.
El proyecto de ley plantea una cuestión constitucional, ya que se limitaría la competencia exclusiva que la Constitución otorga al Estado sobre los aeropuertos de interés general.
Los gobiernos baleares, tanto de izquierdas como de derechas, llevan años buscando la cogestión de los aeropuertos. El gobierno actual ve esto como una forma de contener el turismo limitando potencialmente los vuelos.