El nuevo modelo de financiación autonómica comenzará a negociarse en el Congreso en las próximas semanas, después de que este viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) le dé esta luz verde. En el Gobierno son conscientes de que, además, del rechazado de todas las comunidades, a excepción de Catalunya y Canarias, no cuentan con el momento con una mayoría parlamentaria. Para ello se necesita sumar a Junts y el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha lanzado algunos guiños indirectos al abrirse a estudiar y negociar todas las enmiendas que los grupos parlamentarios pongan sobre la mesa. “Negociaré con todos los grupos, trabajando con ellos en el trámite de enmiendas”, ha concedido en rueda de prensa tras la reunión con las comunidades autónomas.
La propuesta de máximos de los posconvergentes pasa por un cupo catalán que se rechaza de plano en el Ejecutivo. Con la expectativa de, al menos, conseguir una abstención de Junts, suficiente si se mantiene el apoyo del resto de socios de investidura, se recalca que “la voluntad es negociar y llegar a acuerdos”. La delegación del IRPF, que también exige ERC, es otra línea roja para los socialistas. En el Gobierno no se mueven del marco de un modelo de mejora de la “gestión tributaria en red” extensible a todas las comunidades.
Desde el departamento que dirige Arcadi España hablan de “encontrar un equilibrio”. “Veremos lo que presentamos, si son propuestas razonables y no de máximos”, añadan para insistir en que el debate no se mueva por el “ruido y la furia”. Asimismo, ponen en valor que “no hay precedentes de lo que se ha avanzado en descentralización y autonomía para las comunidades” en los últimos años.
Otras fuentes socialistas señalan la “presión ambiental” sobre los posconvergentes. Esto es, sobre el riesgo a que se les señale como responsables de que Catalunya pierda la oportunidad de recibir con el nuevo modelo con 4.686 millones de euros adicionales. Junts mantiene el pulso y este mismo viernes anunció que presentará una enmienda a la totalidad a la propuesta del Gobierno de reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de reclamar el concierto económico para Catalunya.
El diputado Josep Maria Cruset, en declaraciones a los medios desde Tarragona recogidas por EFE, reprochó que el nuevo modelo mantiene “el café para todos de siempre para todas las comunidades autónomas”. “Queremos el concierto económico para Cataluña y que el dinero de los catalanes se queda en Cataluña, de la misma manera que el dinero de los vascos se queda en el País Vasco gracias a su concierto económico”, avanzó.
“Adhesión voluntaria”
La paradoja del rechazo de Junts es que el voto en contra de las comunidades del PP se justifica principalmente por haber negociado este modelo previamente “con los independentistas”. “Rompe por completo la igualdad”, criticó la consejera andaluza, Carolina España, actuando como portavoz de las comunidades del PP tras la reunión del CPFF. Un modelo que descalificó por estar “diseñado por el independentismo” con el fin de “privilegiarlo” en contra del resto de España.
Frente a las críticas del PP, el ministro de Hacienda recordó a las comunidades autónomas que “la adhesión es voluntaria”. Esto es, de aprobarse por el Congreso, serán las comunidades las que decidan si mantenerse con al sistema actual o incorporarse al que salga del Congreso. “Por eso este bloqueo sentido se pierde, cuando todavía queda espacio para el diálogo e incorpora la voluntariedad”, se quejó Arcadi España.
A pesar de las críticas, ninguna comunidad del PP se plantea ahora mismo no acogerse al nuevo modelo, como permite la reforma, y seguir aplicando el actual. Una decisión que dejó en el aire hasta que se tramite la reforma, convencidos de que no contará con los votos suficientes en el Congreso.
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