¿El Govern cumple con los encargos del Parlament?

¿Para qué sirve un debate de política general como el que empieza este martes? Entre otras cosas, para que el Parlament le ponga deberes al Govern para el nuevo curso político. Lo hace mediante la aprobación de resoluciones que, sobre el papel, el Ejecutivo catalán tiene que ir cumpliendo. El problema siempre ha sido que, si no ejecuta las tareas que le impone la Cámara, no hay consecuencias. Eso hace que el grado de cumplimiento acabe siendo variable. En el debate de 2025 se aprobaron 256 resoluciones. A continuación, repasamos su estado de ejecución.

Este ha sido el gran tema de la legislatura. En el debate de política general del año pasado, el Parlament encargó al presidente conseguir una nueva financiación para Catalunya. “No será sencillo”, advirtió Illa. Un año después, el encargo está a medias. La financiación ya ha sido presentada en público por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero le queda todo el recorrido parlamentario en el Congreso, donde no está claro que llegue a aprobarse. La Cámara también le encargó impulsar las “modificaciones legislativas necesarias” para que la Generalitat pueda en el futuro “recaudar el IRPF”. Este asunto sigue paralizado por el rechazo del Gobierno, cuyo papel es imprescindible para que se lleve a cabo.

Uno de los problemas que tiene el debate de política general es que hace encargos a actores políticos y judiciales que no están sometidos al poder del Parlament. En 2025 se aprobaron varias resoluciones que exigían la aplicación “total e inmediata” de la ley de amnistía a quienes seguían pendientes de ello, como el expresident Carles Puigdemont. Esta cuestión sigue por resolver, pero los últimos movimientos del Constitucional hacen pensar que está más cerca que nunca. Hace un año, el Parlament también encargó a los partidos políticos catalanes impulsar “una gran entente de país” para encontrar una “resolución del conflicto político” en Catalunya. No se ha dado ningún paso. Ni siquiera los promotores de la idea, ERC, han hecho nada al respecto.

El tema estrella del último debate de política general fue la vivienda: Illa prometió que la Generalitat promovería la construcción de 214.000 viviendas nuevas. También se aprobaron varias resoluciones sobre el tema que, al ser igualmente ambiciosas, están lejos de estar cumplidas. El Parlament exigió 2.600 millones de euros para la rehabilitación de edificios y pidió que 150.000 pisos pasaran en siete años a ser de protección oficial. Hace pocos días, el Gobierno dio un paso en este sentido: anunció un programa de 255 millones para rehabilitar viviendas, con prioridad para los barrios vulnerables. Hace un año, el Parlament se planteó el reto de hacer una ley para promover la prohibición de la compra especulativa de vivienda: la norma está hecha, pero los impulsores están reformulándola por las dudas sobre su constitucionalidad.

No hay pleno de este tipo en el que no se aluda al futuro de los trenes y de los aeropuertos en Catalunya. En 2025 el Parlament lamentó las “deficiencias” constantes en Rodalies y exigió avances en el “traspaso de todas las líneas” a la Generalitat. Un año después, las deficiencias persisten -se han convocado incluso protestas- y el traspaso avanza, pero lentamente: se ha creado la operadora catalana que tiene que gestionar el servicio, pero las líneas siguen siendo de titularidad estatal. En relación con el aeropuerto, se encargó al Govern poner en marcha en el cuarto trimestre de 2026 la Autoridad Aeroportuària de Catalunya para potenciar las competencias de la Generalitat en este ámbito. La ley está hecha, pero falta aplicarla. Tiene hasta finales de año para cumplir con el plazo.

Los debates de política general también se convierten, en ocasiones, en una carta a los reyes magos en la que se reclaman nuevos avances sociales. En el pasado, el Parlament asumió el compromiso de establecer por ley que la etapa educativa de 0 a 3 años sería en su globalidad “gratuita y universal”; la implementación “urgente” de la “gratuidad de los comedores escolares” y la “universalización de las actividades extraescolares”. También se pidió un salario mínimo catalán superior al estatal que llegaría a los 1.420 euros. Son demandas recurrentes que nunca se han concretado.

La policía catalana es un objeto de debate frecuente. En 2025 el Parlament pidió al Govern aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 agentes, una subida progresiva hasta 2030. Unos meses más tarde, en mayo de 2026, el Govern cerró este compromiso en una reunión con el Estado, que tendrá que invertir 210 millones para hacerlo posible. En el mes de agosto pasado se incorporaron 1.343 policías, situando la plantilla actual en los 21.000 agentes. El compromiso, pues, está en marcha.

Una mayoría amplia del Parlament comparte la preocupación por el presente y el futuro del catalán, de ahí que el PSC, ERC y los Comunes participen en el Pacte Nacional per la Llengua. Hace un año, la Cámara encargó al Govern que llevara al Congreso una ley para que el uso del catalán sea un “requisito” y no “un mérito” para los trabajadores de la administración de justicia en Catalunya, empezando por los jueces. No se ha hecho. La Cámara también reclamó de forma solemne la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que sigue encallada.

Bajo el mandato de Salvador Illa, el debate de política general se ha convertido en un buen termómetro de la legislatura: los objetivos del Govern y los grupos son ambiciosos -financiación, infraestructuras, vivienda, etc.-, pero su cumplimiento no es ágil. Uno de los motivos que lo explican es que la mayoría de los temas necesitan la complicidad del Gobierno central y el apoyo del Congreso, lo que complica las cosas.

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