El Govern balear estudia presentar una impugnación ante el Tribunal Constitucional de los decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno español.
El gobierno central restableció gran parte del contenido de los dos decretos que el Congreso había rechazado la semana pasada. Dado que el Parlamento quedó disuelto el lunes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, los decretos se enviarán al comité permanente en el que los partidos de izquierda tienen mayoría. Un total de 21 medidas incluían el diez por ciento del IVA (IVA) en alquileres vacacionales y un límite a los aumentos de alquileres hasta finales de 2027, así como una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencen.
Los decretos provocaron el martes un furioso debate en el Parlamento Balear. El vicepresidente balear, Antoni Costa, afirmó que la ratificación por parte de la comisión permanente constituiría un hecho “sin precedentes”. Calificando los decretos de abuso de derecho, añadió que se trata de un “fraude invisible contra la democracia”.
El IVA en el alquiler vacacional, el mismo tipo que ya cobran los hoteles por los servicios generales de alojamiento, se aplicaría a 26.143 inmuebles en Baleares. Éstos han estado exentos de impuestos siempre que no se ofrezcan servicios durante la estancia. El impacto negativo de la aplicación del IVA en el sector del alquiler vacacional es muy cuestionable, como también lo es la implicación de que los propietarios optarían por colocar sus propiedades en el mercado de alquiler residencial.
Durante el debate del martes, el ministro balear de Vivienda, José Luis Mateo, ha afirmado que el presidente Sánchez pretende “realizar el mayor fraude contra la democracia jamás visto en España”. Iago Negueruela, del PSOE, acusó al presidente Prohens de “no haber movido un dedo” ante los desalojos.