El Gobierno y la Generalitat se han citado este jueves en Barcelona, a pocas horas del inicio de la campaña electoral del 29-N, para dejar atados algunos acuerdos pendientes en materia de infraestructuras. En una reunión en el Palau de la Generalitat, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, han acordado avanzar en el traspaso de la R1, la participación de la Generalitat en el modelo aeroportuario de Catalunya y una inversión en carreteras para mejorar la seguridad. Pero ha habido otras tres reuniones entre las dos administraciones para avanzar en pactos en esta recta final de la legislatura. Este es el detalle de lo suscrito:
En la cuarta reunión de la comisión bilateral desde que el presidente Salvador Illa pilota la Generalitat, los dos ejecutivos han pactado “avanzar” en el ámbito del traspaso de la R1 en el tramo comprendido entre La Sagrera y Maçanet-Massanes con el inventario y los certificados de seguridad, aunque todavía se realizarán “pasos posteriores” en el consejo de administración de Rodalies. Además, se ha acordado dar un impulso al proyecto de la línea orbital ferroviaria con la creación de un grupo de trabajo para que haga un seguimiento técnico e institucional del plan, cuyo protocolo debe quedar redactado en el primer trimestre del próximo año.
Ambiente de usuarios en la estación de Barcelona-Sants, afectados por las incidencias en el servicio de Rodalies, con cancelaciones, trenes fuera de servicio y demoras que dificultan los desplazamientos durante la hora punta de la tarde. 9 de noviembre de 2026, Barcelona. / MANU MITRU / EPC
La Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales -en este caso, presidida por la consellera de Economía, Alícia Romero, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón- también se ha reunido este jueves, pero a distancia, y ha cerrado la transferencia de recursos para la cobertura de los servicios ferroviarios. Se trata de un total de 1.148,70 millones de euros para el periodo comprendido entre 2025 y 2028.
Los dos gobiernos han acordado ampliar las actuaciones previstas en la AP-7 y la A-2 para incluir las obras de rehabilitación del asfalto y mejorar así la seguridad, la funcionalidad y la conectividad. Se destinarán 75 millones de euros a la rehabilitación de los tramos que afectan a Barcelona, Tarragona y Girona, y las obras se ejecutarán durante 2027.
Coches y camiones circulando por la AP-7 / Aniol Resclosa
Por otro lado, el Gobierno ha acordado con Dalmau que Catalunya participará en la planificación, las inversiones y la conectividad de los aeropuertos catalanes, y podrá intervenir en la definición de su estrategia a través de un órgano bilateral aeroportuario que será paritario (con cuatro miembros de cada administración y una presidencia rotatoria anual) y que adoptará los acuerdos por consenso. El ministerio también deberá informar “obligatoriamente” de los aviones en esta materia antes de su aprobación y el Govern podrá participar en la redacción del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que determina las necesidades de inversión en los aeródromos. En este sentido, se elaborará paralelamente un documento específico y propio sobre la estrategia aeroportuaria en Catalunya, en el que se podrá proponer el trazado de nuevas rutas nacionales e internacionales, tanto de pasajeros como de mercancías.
Aviones despegando y aterrizando en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. / Zowy Voeten
También se ha constituido el grupo de trabajo para impulsar la colaboración y las actuaciones de promoción del uso del catalán en las relaciones entre la Administración General del Estado y la ciudadanía. En una reunión entre el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y Álvarez, celebrada en el mismo Palau de la Generalitat, ambos han pactado la ampliación de la oferta formativa en lengua catalana y la disponibilidad del catalán en los recursos digitales del Estado.
Además, se ha activado la Subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que tiene como objetivo reforzar la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea y hacer un seguimiento de la acción exterior del Estado que afecta a competencias propias, como se acordó en mayo.
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