Fernando Villén, exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha sido condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla a tres años y medio de cárcel por enchufar a Antonio Torres, exalcalde de Lebrija. El tribunal entiende que la contratación se hizo de manera “ilegal” y “absolutamente irregular”, atendiendo solo a “su sola voluntad, amistad afinidad política”. Además de la pena de prisión, el fallo recoge seis años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales y siete para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
Estima como probado la Sección Tercera que Torres percibió 359.973,51 euros por las labores que debía realizar en la Faffe, a pesar de que “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”. El regidor también ha sido condenado a dos años y medio de prisión y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
Según los hechos probados que recoge el fallo, Torres acudió “directamente” a Villén “pidiendo trabajo” tras las elecciones municipales de 2003, las primeras que perdía después de 24 años en el puesto. El director de la Faffe dio su beneplácito “con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe”. Entiende el tribunal, no obstante, que era un cargo “innecesario”, puesto que la fundación “venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público”.
Además, reseña la sentencia que “no consta” que Torres se encargara “en ningún momento de este aspecto financiero, tampoco que tuviera aptitudes para asumir y desempeñar las funciones correspondientes a esas funciones”. Eso sí, el ex primer edil, según estima probado el tribunal, “exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo” e “impuso sus condiciones salariales”. Villén, por su parte, “accedió igualmente”.
De hecho, “el organigrama administrativo de la Fundación no contemplaba el puesto”. Por lo que Villén “creó uno ‘ad hoc’, que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones externas”. Sobre el puesto, los magistrados apuntan en su fallo: “Es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito”. Es decir, que Torres “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”.
Villén y Torres deberán indemnizar de manera conjunta a la Junta de Andalucía con el montante que percibió el alcalde por su contratación: 359.973,51 euros. La sentencia en todo caso no es firme y se podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.