El gobierno español ha impuesto una enorme multa de 68 millones de euros a la plataforma de alojamiento estadounidense Airbnb por anunciar apartamentos turísticos sin licencia en España, así como por utilizar números de licencia diferentes o información incorrecta.
El Ministerio de Consumo español ha encontrado 65.122 anuncios publicados en la plataforma de viviendas que no cumplen con las políticas de Airbnb.
Madrid tiene un número significativo de Airbnbs ilegales, y estimaciones de mediados de 2024 sugieren que alrededor del 93% de sus 13.500 alquileres turísticos (más de 12.500 propiedades) operaban sin las licencias adecuadas.
Madrid ha implementado regulaciones estrictas que rigen los alquileres a corto plazo, particularmente los que se ofrecen a través de plataformas como Airbnb.
Los alquileres a corto plazo son distintivos en la ciudad, definidos como estancias de 90 días o menos. Cualquier propiedad alquilada más allá de esta duración requiere un permiso especial.
Para operar legalmente, los anfitriones deben registrar su propiedad en el Ayuntamiento de Madrid y adquirir un número de licencia turística, que debe figurar de forma destacada en todos los anuncios.
La multa es definitiva ya que no se puede apelar. La sanción también obliga a Airbnb a modificar los anuncios publicados incorrectamente, retirar los que no tienen licencia y anunciar públicamente la multa impuesta.
En un comunicado, el ministerio afirma que los anuncios de apartamentos turísticos sin licencia son ilegales en muchas regiones españolas, ya que deben mostrar el número de licencia correspondiente.
La multa asciende a 64.055.311 euros, lo que supone seis veces el beneficio “ilegal” obtenido por Airbnb durante el tiempo en que se le notificó la sanción y se retiraron los anuncios de la plataforma.
“Hay miles de familias que viven al límite debido a la crisis inmobiliaria, mientras que algunas se están enriqueciendo con negocios que obligan a la gente a abandonar sus hogares”, dijo Pablo Bustinduy, ministro de Consumo de España, en una declaración escrita.
“En España ninguna empresa, por grande y poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”, añadió.
La asociación Asufin, centrada en los usuarios de financiación, celebró la decisión y dijo que es “una advertencia”.
“Las plataformas online tienen un poder enorme y no pueden pretender ser un mero intermediario que se lleva todos los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad”, afirmó Patricia Suárez, presidenta de la asociación.
“Airbnb ha sido castigada por no tener control alguno sobre lo que se publica online, y considera los apartamentos turísticos como un producto más”, afirmó.
La plataforma tiene que “cumplir con la ley”.