ORIHUELA, España – Un tribunal ha fallado a favor del Ayuntamiento de Orihuela en un litigio sobre la jubilación forzosa del excomisario de la Policía Local José María Pomares, rechazando su impugnación judicial de reintegro e indemnización.
El Juzgado Administrativo número 1 de Elche desestima el recurso de apelación de Pomares contra la decisión del consistorio de jubilarlo a los 65 años en septiembre de 2025. La sentencia le condena también al pago de 500 euros en concepto de costas judiciales. Tiene 15 días para presentar recurso de apelación.
Pomares había pretendido permanecer en su cargo hasta los 67 años, argumentando que, según la normativa aplicable, la jubilación a los 65 años debería ser voluntaria si se han realizado suficientes aportaciones previsionales. Sostuvo que, en su caso, la jubilación obligatoria debería aplicarse a los 66 años y ocho meses o más, y solicitó el reintegro hasta 2027 junto con una compensación económica por la pérdida de ingresos y beneficios.
Sin embargo, el tribunal se puso del lado del ayuntamiento y concluyó que la jubilación forzosa a los 65 años era legal y coherente con las normas que rigen a los agentes de policía locales. El juez también rechazó las acusaciones de discriminación, señalando que las disposiciones citadas por Pomares se aplican a diferentes grupos profesionales y no a las policías municipales.
La disputa se originó luego de que el Departamento de Recursos Humanos del concejo, encabezado por la concejala Agustina Rodríguez, negó la solicitud de Pomares de extender su servicio y formalizaron su retiro. Su acción legal siguió a una serie de recursos administrativos, todos los cuales fracasaron.
En su defensa, el Ayuntamiento argumentó que Pomares ya había cumplido los requisitos de cotización para recibir una pensión completa, lo que desvirtuaba su solicitud de prórroga de servicio por motivos económicos. El tribunal respaldó esta posición, afirmando que no había pruebas de trato desigual.
El caso forma parte de una disputa más amplia y muy pública entre Pomares y el gobierno municipal. Antes de su jubilación se le había abierto un expediente disciplinario por una falta grave, aunque éste se cerró una vez que dejó el cuerpo. Poco después, Rubén Selma fue nombrado formalmente nuevo jefe de la Policía Local de Orihuela.
Desde su retiro, Pomares ha seguido criticando públicamente al consejo, expresando con frecuencia sus objeciones a través de las redes sociales. También ha buscado otras oportunidades profesionales dentro de las estructuras municipales, incluidos puestos de alto nivel en empresas públicas, al tiempo que cuestionó la transparencia de determinados nombramientos.
El fallo cierra efectivamente un capítulo clave en la disputa, reforzando la autoridad del consejo sobre la política de jubilación dentro de la policía local.