PP y Vox pactaron en las Cortes repartirse la dirección de la comisión, acordaron el plan de trabajo, fueron conveniendo conforme avanzaban las semanas el calendario de reuniones y citas y fueron los dos partidos los que se aliaron para dar carpetazo ya la investigación de la dana. Tras tanta concordancia, solo quedaba el último paso de las conclusiones. Este ha llegado este viernes, y pese a que ambas formaciones han presentado dictámenes separados, el fondo coincide: ambos centran sus culpas en el Gobierno central, excusan de cualquier responsabilidad a Carlos Mazón y hasta se olvidan de citar, en más de 200 páginas entre ambos, a Salomé Pradas y Emilio Argüeso, los dos investigados en la causa.
Los documentos registrados por populares y voxistas este viernes tendrán todavía que pulirse para acabar aprobándose, aunque no costará tampoco mucho visto el nivel de afinidad. Lo que parece claro es que será uno de ellos o una mezcla de ambos, pero siempre con los votos de PP y Vox ya que si la coincidencia es casi total entre los socios parlamentarios, la distancia es sideral respecto a las conclusiones extraídas por PSPV y Compromís, que califican los trabajos hechos por la comisión de “absoluta farsa”, “fechoría parlamentaria”, “demagogia política” o hasta “falta de humanidad repugnante”.
“Aprobar cualquier dictamen sería un ejercicio de falsedad y demagogia política ante la que Compromís no quiere participar”, expresa el documento, de tres páginas, registrado por el grupo valencianista en las Cortes. “Cualquier dictamen que emane de esta comisión nace viciado, los valencianos no merecíamos sufrir de nueva una deshonra como la de la Comisión de Investigación del accidente del metro de 2006, pero la actual mayoría parlamentaria del Grupo Popular y del Grupo Vox ha sido capaz de reproducir, incluso superar, las peores prácticas del pasado”, señala el texto registrado, de 24 páginas, por la formación socialista.
Falta de “liderazgo político”
Pero todo apunta a que este se aprobará y será el que determinen PP y Vox. Ambos coinciden en apuntar a las responsabilidades del Gobierno central por la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y por el “apagón informativo” de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los caudales del barranco del Poyo, una teoría que contradice a los autos de la jueza que sí que señala que al ser decretada el nivel de emergencia la responsabilidad era de la Generalitat Valenciana. También señalan a la competencia estatal para dictaminar la “emergencia nacional”, lo que hubiera dado el mando único al Gobierno central, si bien, la propia administración autonómica podría haber cedido esta responsabilidad.
Imagen del Cecopi durante la madrugada del 30 de octubre con Mazón, Bernabé y Pradas en el centro de la imagen en la sala del 112. / Levante-EMV
Como mucho, en la negociación entre grupos, se deberá ver si el PP aceptará incluir la referencia más crítica que hace Vox respecto a la gestión de la Generalitat Valenciana de la que, según indica, “evidenció importantes carencias de coordinación y liderazgo político en los momentos más críticos del episodio”. Eso sí, solo respecto a la Conselleria de Emergencias que se dirigía Pradas, sin mencionar en las 94 páginas registradas por Vox. “Faltó una dirección más firme y proactiva por parte del equipo de la conselleria competente, especialmente a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.
La exconsellera y su exnúmero 2 no han estado presente en la comisión porque populares y voxistas no les citaron y ese olvido se traslada a las conclusiones. Sí acudió el expresidente Mazón. De este, en el dictamen, los voxistas apenas le señalan y se centran en citar su intervención. Por su parte, el PP señala que el entonces jefe del Consell “cuando se produjo la catástrofe no tenía responsabilidad derivada del plano competencial pues no ostentaba competencias de dirección o gestión en el Cecopi” e indica, respecto a las conclusiones del paso de Mazón por la comisión, que sus “posibles políticas de responsabilidad han sido asumidas con la dimisión” o que los actuales niveles de alerta y aviso a la población “no estaban diseñados para una catástrofe de 700 l/m2”.
“Artimañas”
Y aunque más que un dictamen sobre la riada del 29-O, la izquierda ha presentado dos exposiciones donde plasman su indignación y arremeten duramente contra PP y Vox por la forma de llevar a cabo la propia comisión, PSPV y Compromís exponen como máximos responsables a los dirigentes del Ejecutivo autonómico. En especial los socialistas que consideran “público y notorio” los fallos tanto de Mazón porque “abandonó sus funciones” el 29-O como responsabilidades de otros consellers como Pradas, Susana Camarero por el servicio de teleasistencia, Miguel Barrachina por la presa de Buseo o José Antonio Rovira porque se “desentendió de la protección del profesorado y del alumnado”.
Con todo ello, las críticas más duras son hacia la gestión de la comisión. “No se ha dudado en recurrir a todo tipo de artimañanas, escondiendo información, vetando comparaciones, vulnerando derechos de los diputados e infringiendo la ley para concluir cerrando de manera precipitada una comisión en la que no se buscaba la verdad, sino el encubrimiento de una nefasta gestión que tuvo como resultado el fallecimiento de 230 personas”, señala el texto del PSPV firmado por la diputada Alicia Andújar. “Esta comisión nunca estuvo dirigida a depurar responsabilidades políticas sino a dar altavoz al relato que exculpaba absolutamente al Consell de la Generalitat y responsabilizaba a otras administraciones de todo lo ocurrido el fatídico 29 de octubre de 2024”, sentencia el documento de Compromís, elaborado por la síndica adjunta, Isaura Navarro.
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