La SEPI, el brazo empresarial del Estado, funciona más como una caja contable que como un instrumento industrial serio. Al menos, eso sugiere los detalles del rescate de Plus Ultra que han trascendido a raíz de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El caso vuelve a poner bajo sospecha una operación muy cuestionada desde el inicio y proyecta dudas sobre la aplicación de los criterios del Fondo de Apoyo a la Solvencia aprobados por el Gobierno. Los 53 millones de euros concedidos a una aeronave con un solo avión y al borde de la insolvencia chocan con el espíritu de una ayuda concebida como temporal y excepcional para paliar los efectos de la pandemia. La operación se asemeja más al salvamento discrecional de una empresa con problemas estructurales anteriores.
Por mucho que el Gobierno defienda el rescate, el auto del juez de la Audiencia Nacional apunta a que Plus Ultra no solo habría incumplido varios de los requisitos clave para acceder al fondo, como acreditar dificultades financieras derivadas exclusivamente de la covid y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La compañía también habría maquillado sus cuentas con un préstamo participativo del grupo panameño Panacorp para presentar una situación financiera artificialmente viable. Ese mecanismo habría permitido ocultar las causas que empujaban a la compañía hacia la resolución y acceder a un rescate de la SEPI muy poco compatible con el perfil exigido a una empresa estratégica. La pregunta es inevitable. ¿Lo sabía la SEPI?
Con independencia de la respuesta, todo ello deja al descubierto una lectura poco estricta de los criterios de concesión de las ayudas y una supervisión cuidadosa de un control serio. Mientras la SEPI sigue aprobando rescates con esa laxitud, su papel quedará reducido al de un mero instrumento de transferencia de recursos con apariencia de legalidad. O, lo que es lo mismo, a una maquinaria de salvamento discrecional incapaz de traducirse en estabilidad económica real, empleo sostenible o capacidad industrial.
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