El Gobierno ha emitido una declaración en el marco de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática de reparación personal en la que reconoce que Josu Zabala Erasun, vecino de Irún (Guipúzcoa) muerto por un disparo de la Guardia Civil en Hondarribia el 8 de septiembre de 1976, “padeció persecución por razones políticas e ideológicas”.
Por ello, “tiene derecho a reconocimiento ya la reparación moral y recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, al estimarse que su circunstancia le hace ser considerada como víctima”, según han informado desde GEBehatokia, Observatorio de Euskal Herria de Derechos Humanos.
GEBehatokia, que ha informado este jueves de los avances en el caso, ha apuntado, además, que el procedimiento judicial de Jurisdicción Voluntaria ha sido admitido a trámite en el Tribunal de Instancia de Irún. Según ha explicado, “este proceso no supone ya la persecución penal del perpetrador, el guardia civil Enrique Pascual procesado como autor de la muerte, sino la certificación judicial de los hechos”.
En esa línea, ha recordado que esta guardia civil “fue amnistiado un año más tarde por medio de un decreto de la Capitanía General Burgos” en el que también se acuerda el “sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra él”.
Quejas por la documentación censurada
Por otra parte, el Observatorio ha mostrado su “sorpresa”, cuando se van a cumplir 50 años de su asesinato, de que la documentación recibida desde el Archivo Militar de El Ferrol “está censurada”. “Los archivos siguen cerrados a cal y canto para las víctimas del Estado”, ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que “la necesidad de poder incluir estos archivos en el proceso de Jurisdicción Voluntaria es fundamental”.
“En el mismo aparecen los datos censurados de un testigo del asesinato de Josu Zabala Erasun, detenido y, en el mismo, narra las torturas a las que fue sometido durante el tiempo de detención. Ese testimonio sería muy esclarecedor”, ha considerado.
En este sentido, ha denunciado “la grave arbitrariedad” que supone que una víctima reconocida por el Gobierno central “no pueda acceder al archivo completo de su expediente como le garantiza la ley”.
Ante esta situación, GEBehatokia ha reclamado al juez de Irún que solicitó el expediente completo al archivo de El Ferrol, y ha solicitado el amparo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
“El calvario que sufren las víctimas de vulneraciones de derechos humanos para el acceso a la documentación existente de sus familiares en los archivos oficiales es inaceptable. Supone una grave revictimización a añadir a su ya profundo dolor”, ha concluido.