Es la estrategia astuta de un mal perdedor. En lugar de esperar que el Tribunal Constitucional le envíe la sentencia aprobada este martes, 6 de octubre de 2026, por la mayoría progresista (7 a 5), el juez instructor del ‘procés’ en el Supremo, Pablo Llarena, copó el espacio mediático con una resolución ineficaz. La noticia no fue el varapalo del TC a la ficción y entelequia creadas por la Sala Penal para colocarse por encima de la ley al rechazar la amnistía al delito de malversación, sino la decisión de Llarena de dejar sin efecto, provisionalmente, la orden de detención de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, sin aplicarles, claro, la amnistía, al no conocer la sentencia.
Si es provisional se puede modificar en cualquier momento. Por tanto, aquellos que no han querido correr riesgos regresando a España, con una amnistía vigente desde mayo de 2024, no lo harán al amparo del auto de Llarena. Y, sin embargo, el impacto mediático, con los informadores en la puerta del Tribunal Supremo, ha sido eficaz para una resolución ineficaz.
Llarena tenía preparada la resolución de antemano. El Pleno del TC acabó antes del mediodía. La primera nota escueta a los periodistas se realizó a las 12:14, y la nota informativa más amplia, instantes al Supremo a aplicar la amnistía, a las 12:50 horas. El auto de Llarena fue enviado por la oficina de prensa del Supremo a las 12:45 con este titular: “El juez Llarena deja sin efecto la orden de detención de Puigdemont tras conocer la decisión del TC de estimar el recurso de Dolors Bassa”. Sin duda, el nombre de Puigdemont y el levantamiento de la orden de detención, aunque provisional, acaparó la atención.
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, realizó una declaración institucional, el 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). El TS ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión del Trib / Belga – Europa Press
Se trata de una operación mediática que coloca en primer plano al TS en lugar del varapalo del TC. Llarena lo disfraza. Dice que mientras se estudia la sentencia del TC existe el riesgo de que Puigdemont, Comín y Puig sean detenidos sin que exista esa intención. “La ejecución de las órdenes durante este intervalo podría ocasionar una privación de libertad que el examen de las sentencias revelase improcedente y cuyo perjuicio no quedaría eliminado por su posterior alzamiento”, escribe el magistrado.
Y para que no haya dudas, afirma: “Este alzamiento no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes. Una vez conocido el texto íntegro de la sentencia, se decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles”.
Él, Llarena, se lo guisa y se lo come. No ha podido todavía recibir la sentencia porque los cinco magistrados discrepantes no han estampado su firma siendo que podía hacerlo por vía electrónica. Han elevado un voto particular conjunto. Pero ayer no estaba firmado.
El ‘Frente Marchena’
El voto particular de ‘los cinco’ -Macías, Tolosa, Espejel, Arnaldo y Enríquez desacredita más al propio TC que la sentencia de Bassa a la Sala Penal del Supremo y es el alegato de lo que podría llamarse el Frente Marchena, los simpatizantes del comandante en jefe en la guerra contra la amnistía. “Requerir al Tribunal Supremo para que aplique la amnistía de forma imperativa e inmediata al delito de malversación impidiendo a la propia Sala Segunda [Penal] plantear otra eventual cuestión perjudicial sobre una norma comunitaria que debía aplicar, como por ejemplo la compatibilidad con la normativa europea en materia de corrupción o sobre la existencia de fondos europeos en los hechos objeto de malversación son cuestiones previas al juicio de aplicación de la amnistía exigido a la Sala Segunda, intrínsecas a la potestad jurisdiccional exclusiva del Tribunal Supremo como juez comunitario”.
Asimismo, ataca al propio TC en su conclusión: “El exceso en el ejercicio de nuestra jurisdicción, asumiendo un indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria; la injustificada desmesura de los calificativos sobre la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo; así como la heterodoxa metodología empleada en el análisis de la cuestión planteada, nos obligan a emitir un juicio adverso sobre la posición mayoritaria adoptada por este Tribunal, lo que justifica la formulación de este particular”.
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