El fiscal de Sala de la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo y anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impartió este jueves la conferencia ‘Justicia en Transición’, en un acto organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Cabildo. A lo largo de su intervención, muy aplaudida en un Paraninfo con el aforo completo, insistió en la naturaleza de “servicio público” que debe tener la Justicia, aunque destacó que a menudo se ve empañada por la acumulación de poder que permite el sistema: “Todo pasa por los jueces y ese no es un modelo de Justicia de un país”.
Reflexionó que “se ha colocado a los jueces en una cúpula”, lo que ha derivado en un “desequilibrio” que se “resiste” a cambiar. En esa línea, indicó que “una equivocación de las democracias liberales” ha sido pensar que el poder judicial era “neutro”, lo que se ha traducido en que “unos poderes se superponen a otros”. Por ello, señaló que no solo es necesario establecer limitaciones tanto a jueces como policías, sino también “transformar” el sistema desde una visión de los derechos humanos.
Conferencia del exfiscal general Álvaro García Ortiz dentro del ciclo ‘Democracia y totalitarismo’ / José Pérez Curbelo
García Ortiz, recibido con una gran ovación del público, fue inhabilitado de su anterior cargo como fiscal general del Estado, que ejerció entre 2022 y 2025, por un delito de revelación de secretos. La sentencia se dictó a raíz de una filtración a la prensa de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador –entonces pareja de Isabel Díaz Ayuso– negociaba un pacto reconociendo delitos fiscales.
Una parte de su ponencia giró en torno a dicho encausamiento cuando la magistrada Carla Vallejo Torres, quien guio el conversatorio, destacó que hasta seis periodistas de cuatro medios diferentes indicaron en el juicio que García Ortiz no fue la fuente de la filtración. Pero antes de que se dictara sentencia, se le planteó el “dilema irresoluble” sobre si debía o no dimitir: “Hay grandes redes que van a utilizar cualquier vía que se les dé para deslegitimar y acabar con la figura que ejerce la Justicia. Había que plantearse que ceder ahí podía significar delimitar esa figura del fiscal general”.
“Ya no veo la Justicia como la veía. Yo sería mucho mejor fiscal general del Estado ahora que antes del proceso porque he visto la Justicia de otra manera”
El proceso que culminó como “una enseñanza amarga” le hizo cambiar la mirada, aunque subrayó que no tiene “nada” de lo que arrepentirse. “Ya no veo la Justicia como la veía. Yo sería mucho mejor fiscal general del Estado ahora que antes del proceso porque he visto la justicia de otra manera”, añadió. Asimismo, relató que “en ningún país del mundo” existen los mecanismos que tiene un juez de instrucción español para entrar en un domicilio, abrir un procedimiento o incautar bienes: “El sistema de garantías del proceso penal español salta por los aires para cualquier ciudadano”.
Según explicó, una parte muy importante del poder se concentra en la Sala Segunda del Tribunal Superior, lo que, a su juicio, el Estado “no debe tolerar”, ya que se traduce en un “control absoluto”. Pero esa descompensación, aseguró, está presente de muchas otras formas: “Si la Fiscalía vale lo mismo que Manos Limpias, que Hazte Oír o que cualquier acción popular, los ciudadanos se quedan sin un sustento institucional de legalidad”.
García Ortiz aseguró que fue “muy fácil conseguir la paridad” en su mandato, aunque todavía queda “paternalismo” en las fiscalías y unas “figuras jerárquicas muy definidas”
En materia de igualdad, García Ortiz aseguró que fue “muy fácil conseguir la paridad” en su mandato, que pasó de un 38% de mujeres fiscales en cargos de dirección al 47%. De hecho, matizó que “es una necesidad compartida que las mujeres ocupen altos puestos de responsabilidad”, a pesar de que todavía queda “paternalismo” en las fiscalías, además de unas “figuras jerárquicas muy definidas”. Recordó que fue en 1972 cuando la primera jueza de España, María Jóver Carrión, accedió a su cargo, pero todavía en el presente hay sectores donde “cuesta” que “acepten esas jefaturas como lo que son”.
Esa descompensación también se aplica a la representación territorial. García Ortiz destacó que es “importante” que haya una “descentralización” de la Fiscalía española, ya que su trabajo es “proyectar el principio de igualdad en todo el territorio nacional” e “interpretar el interés social” al margen de intereses privados, económicos o mediáticos.
Reflexionó que eso “solo se consigue aunando voluntades” y orígenes distintos, si bien puntualizó que traer visiones de otras regiones “no está muy bien visto por las élites de Madrid”. Esa idea está relacionada con el sistema de acceso a la carrera judicial, que tildó de “nefasto” por el excesivo corporativismo y la dificultad de ascenso social que plantea, ensanchando la distancia entre la Justicia y la población.
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