Pedro Sánchez trasladó a la ejecutiva del PSOE el día después de las elecciones europeas su “preocupación” por los resultados electorales en Madrid. Un “agujero” electoral por el que se coló la mitad de los 700.000 de votos de diferencia con el PP. Para taponarlo, el líder de los socialistas dio al orden de redoblar el combate político contra Isabel Díaz Ayuso. Según su propia terminología, contra lo que denomina la “sede social de la máquina del fango”. Dentro de esta estrategia, Ferraz y Moncloa han dirigido buena parte de sus discursos a cuestionar las políticas de la presidenta regional y atacar lo que consideran sus puntos débiles. El principal, las muertes durante la pandemia en las residencias madrileñas.
En la dirección socialista alimentan la posibilidad de que se abra alguna causa judicial. Asimismo, señalan que esta es una “mácula que la acompañará siempre”. “La de los 7.291 muertos”, concluyen. Algo que se han encargado de recordar durante los últimos días cada vez que han tenido oportunidad. Desde la portavoz del PSOE, Esther Peña, en la sede de Ferraz, hasta la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la sala de ruedas de prensa de Moncloa y hasta el propio Pedro Sánchez en sede parlamentaria.
Aprovechando su respuesta a Alberto Núñez Feijóo durante la última sesión de control al Gobierno, Sánchez reprochó el bloqueo del PP para constituir en la Asamblea “una comisión de investigación sobre los muertos en residencias en la Comunidad de Madrid”. Los socialistas encuadran también a Ayuso no solo como el sector duro del PP, que homologan a la ultraderecha de Vox, sino como el supuesto núcleo de decisión de Génova frente a la falta de liderazgo que achacan a Feijóo. Por ello expresan sus temores de que los populares no accederán a pactar la renovación del CGPJ ante las presiones de Ayuso ni que negociar una reforma del modelo de financiación autonómica. Su decisión autónoma de reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, tensionando a sus propias filas, caminaría en este mismo sentido.
La portavoz del PSOE fue un paso más allá que Sánchez para visualizar a Ayuso sentada en el banquillo de los acusados como responsable de los fallecimientos en las residencias. “Tarde o temprano Ayuso se sentará delante de la Justicia y las familias verán que la Justicia funciona”, presagió. Tras ello dio la vuelta a los argumentos de la presidenta regional para que recriminar que “no, no se iban a morir igual”.
Fuentes de Ferraz se refieren a las demandas de los familiares de los fallecidos y no esconden su confianza sobre que acabe prosperando alguna de sus causas. Consideran que en este caso se pondría en jaque a la presidenta regional. Un asunto derivado de su propia gestión política y con más carga que la imputación de su pareja por presuntos delitos fiscales.
La Fiscalía, de perfil ante los tribunales
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En cuanto a la Fiscalía, concretamente la de Madrid, no ha mostrado una posición proactiva en los procedimientos que han ido llegando a diferentes órganos judiciales en este territorio, y tampoco ha acompañado a las familias o plataformas de afectados que han apuntado hacia la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la aplicación de los denominados ‘protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación a los hospitales de la mayor parte de los residentes en centros geriátricos.
Carmen Martín, de Marea de Residencias, reprocha en este sentido al Ministerio Público que, salvo “honrosas excepciones”, no haya sido proactivo en este asunto. Por no ver trascendencia penal a las actuaciones de los responsables autonómicos en los diferentes territorios. En algunos casos, los fiscales ni siquiera han estado presentes en interrogatorios o diligencias abiertas por los jueces contra responsables médicos o de residencias. “Ha estado desaparecida”, lamenta. En Madrid, esta postura contraria a investigar les quedó clara tras conocer las apreciaciones incluidas en las últimas memorias de la Fiscalía territorial por parte de la fiscal superior Almudena Lastra.
Desde esta plataforma se admite que no han interpuesto demandas generales, sino que han ido llevando casos concretos a los diferentes órganos competentes según donde se produjeron las muertes, que es el camino que ha venido señalando el Tribunal Supremo al archivar distintas iniciativas presentadas contra cargos autonómicos como la propia Díaz Ayuso.
El pasado jueves se conoció la última de estas resoluciones: el alto tribunal archivó una denuncia instada contra la presidenta autonómica por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación, en relación con las muertes de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad durante la crisis por covid. Argumentó que la denuncia no podría prosperar al estar planteada en unos términos genéricos e indeterminados, y requerirse, en sede penal, “vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada”, lo que en la denuncia no se precisa.
Ningún caso ha llegado a juicio
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La investigación judicial de lo ocurrido en las residencias ha encontrado dificultades también en otros órganos judiciales, y ningún caso ha llegado aún a juicio. Así, el pasado febrero la Audiencia Provincial de Madrid dio carpetazo a una investigación sobre el fallecimiento de mayores en una residencia de Parla argumentando que la investigación desplegada por el juez de instancia había sido “especialmente exhaustiva con informes médicos, la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos” y de esto “se deduce que la atención desplegada fue la adecuada“.
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Ya se contaba entonces con otras resoluciones anteriores contrarias a investigar estas muertes en las residencias de ancianos. Así por ejemplo, el pasado mes de noviembre, el juez de instrucción número 38 de Madrid rechazó actuar frente a una denuncia, esta vez sí, por la Fiscalía de Madrid por la muerte el 13 de abril de 2020 de una mujer de 95 años en una residencia del madrileño barrio de Carabanchel. Llegó a afirmar que “la derivación o no de la paciente a un centro hospitalario en ningún caso influyó en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ningún modo”.