El Govern de Catalunya ha rechazado este jueves la propuesta del Gobierno sobre el reparto de los menores inmigrantes en los términos planteados ya que “no da la respuesta adecuada a las circunstancias en las que se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar esta cuestión”.
En un comunicado, el Govern ha informado de que mantiene la interlocución con el Gobierno para que se introduzcan modificaciones en el texto propuesto de reforma de la Ley de Extranjería, de forma que se reconozca la singularidad de Catalunya en la acogida de los menores extranjeros, que incluyen los recién llegados de Canarias, Ceuta, Melilla y otros territorios del Estado.
También se reclama, “tanto en su fondo como en la forma”, que se respeten las competencias catalanas en materia de infancia y se evite “la imposición unilateral del Estado en el reparto de los menores”.
Catalunya pide que se garantice un sistema de reparto “justo y equilibrado” con unos criterios claros y transparentes en los diferentes territorios y que el Estado asuma la financiación de estas acogidas que “responda a las circunstancias reales que tiene Catalunya”.
El Gobierno presentará su propuesta de reforma legal para establecer un reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en las próximas semanas en Canarias.
El aviso de Junts
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Junts, por su parte, ha avisado al Gobierno de que votará en contra de la reforma de la ley de extranjería si no incluye una disposición adicional que exima expresamente a Catalunya de la obligatoriedad de acogerlos.
El argumento de Junts, según han explicado fuentes del partido, es que la formación está negociando con el Gobierno el traspaso a Catalunya de las competencias en materia de Inmigración y, por tanto, no pueden aceptar una norma que les obligaría a acoger un determinado número de menores.
Fue el pasado mes de enero cuando Junts, a cambio del apoyo a la convalidación de dos decretos ley del Gobierno sobre otras materias, consiguió que el Ejecutivo se abriera a negociar el traspaso de esta competencia.
En este contexto, han planteado que la reforma incluya una disposición adicional que excluya a Catalunya expresamente –o a todas las comunidades que tengan transferida esta competencia– de la obligatoriedad de acoger a un cupo determinado de menores.
Desde Junts aseguran entender la complicada situación que vive Canarias en materia de inmigración pero recalcan que Catalunya también tiene que hacer frente a este problema. Además, recuerdan que el pasado mes de octubre su comunidad ya acogió a casi 2.000 personas de las 6.000 que se repartieron por todo el Estado y que sólo recibió 1,8 millones de euros para atenderlas, frente a los 50 millones que se destinaron a Canarias.
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Asimismo, han mostrado su sorpresa por el hecho de que los Gobiernos central y canario no tengan asegurado el apoyo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería, habida cuenta de que la mayoría de las comunidades están gobernadas por los ‘populares’ que, además, comparten gobierno con Coalición Canaria en el archipiélago.