Mientras en Madrid manda la contienda política, Canarias vive una emergencia humanitaria con más de 5.500 niños migrantes que viven en condiciones extremas en centros de acogida completamente colapsados, que rozan el 300% de su capacidad desde hace casi un año. Pese a la gravedad de la situación, la solución legal no termina de llegar. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, abordarán este tema mañana en La Palma, en el que será el primer encuentro de esta legislatura entre ambos mandatarios.
Clavijo insistirá en que la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que haría obligatorio el reparto de menores entre todas las comunidades autónomas, debería tramitarse por decreto ley, para agilizar su entrada en vigor y aliviar el colapso de la red de acogida del Archipiélago. Esta vía es la más rápida, pues los traslados de niños se iniciarían desde que el Consejo de Ministros dé su visto bueno al texto legal. Si bien es cierto que después tendría que convalidarse en las Cortes Generales en un plazo de 30 días, para lo que se precisa el voto a favor de una mayoría cualificada.
Sin acercamientos en agosto
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Así, habría un mes para que Gobierno central y Partido Popular acercaran posturas en aras de lograr los apoyos suficientes al texto. El respaldo de los populares no solo es necesario para que la reforma supere los trámites legales, sino porque gobiernan en once comunidades autónomas y sus ejecutivos regionales serán los que finalmente tengan que asumir los traslados, acondicionar instalaciones para abrir centros de acogida y hacerse cargo de la tutela de los niños hasta su mayoría de edad.
El decreto ley ofrecería una solución prácticamente inmediata a Canarias y permitiría iniciar la derivación de unos 2.000 menores en pocos días. Por esto, el Gobierno regional insiste en la importancia de que la reforma de la ley de extranjería vaya en el orden del día del próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el martes, 27 de agosto, justo a la vuelta de las vacaciones de Sánchez en la residencia lanzaroteña de La Mareta.
Solo de esta manera, las Islas afrontarían con algo de desahogo los meses de mar en calma, que se registran después de verano y que reactivan el flujo migratorio a través de la ruta canaria. Históricamente, entre septiembre y diciembre, mejoran las condiciones meteorológicas y el número de barquillas precarias que zarpa desde la costa africana para llegar al Archipiélago se multiplica. El oleaje más suave y la influencia de los vientos alisios facilitan la navegación por una de las rutas migratorias más mortales. Según las estimaciones del Ministerio del Interior, en los próximos meses podrían llegar a Canarias unos 7.000 menores no acompañados, que se sumarían a los más de 5.500 que están actualmente bajo la tutela del Gobierno autonómico. Una cifra que es imposible de asumir por las Islas, que no cuentan con más instalaciones acondicionadas para hospedar menores y que ya ha instalado una carpa en el muelle de Lanzarote, en la que se prevé ofrecer, al menos, una primera atención a los niños que arriben a la isla en patera.
Seguridad jurídica
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El Gobierno de España desestima la vía del decreto ley, pues considera que no ofrece las garantías legales suficientes. Por esto, está empecinado en impulsar la reforma a través de una proposición de ley. El ministro de Política Territorial y coordinador de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que si el decreto ley no llegara a ser convalidado 30 días después en las Cortes Generales, los menores trasladados “quedarían en una absoluta inseguridad jurídica”.
En julio, naufragó la votación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, con el texto acordado entre Canarias y Estado. Los populares –al igual que Vox y Junts– votaron en contra y supeditaron su apoyo a la declaración de emergencia migratoria en todo el país y la garantía de financiación para las comunidades autónomas que atiendan menores.
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Desde entonces, el Gobierno de España no ha dado ningún paso para negociar con el PP, que esta semana ha presentado una Proposición No de Ley que añade nuevas condiciones y pide al Ejecutivo reforzar la protección de las fronteras con más presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ampliar el despliegue del Frontex y solicitar a Europa que active mecanismos para ayudar a gestionar los flujos migratorios. A pesar de que el PP de Canarias ha respaldado desde el minuto uno la reforma de la ley de extranjería, en Génova no le siguen el paso, a pesar de que cualquier acuerdo sobre migración depende de sus demandas y de sus líneas rojas.
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