La investidura canicular de Salvador Illa ha reubicado todas las piezas de los tableros políticos catalán y español, dejando en el horizonte un panorama tan ignoto como peligroso. Por primera vez en unos cuantos años, nos adentramos en un curso político sin citas electorales, como en principio debería serlo todo el año 2025. Cabe decirlo con las máximas cautelas, por la experiencia de los últimos tiempos y porque el otoño que viene aleja cualquier expectativa de calma y estabilidad. El cambio de etapa en la Generalitat otorga al socialismo todo el poder en España, Catalunya y Barcelona, algo que no sucedía desde 2010. Pero el contexto actual no se parece en nada al que había hace 14 años.
El independentismo es más imprescindible que nunca para sostener a los tres gobiernos y el hecho de estar herido y desorientado tras perder su hegemonía hace aún más imprevisibles sus decisiones. Junts ya le dio el primer aviso a Pedro Sánchez antes de las vacaciones tumbándole la senda de déficit, sin la que no puede elaborar unos nuevos presupuestos. Estas cuentas y las de Illa serán la primera gran prueba de fuego del curso porque su negociación, siempre entrelazada, coincidirá en el tiempo con los congresos de Junts y ERC, que pueden abrir en canal a los dos principales aliados del PSOE.
Agosto termina con una erupción algo inesperada, por temprana, en las filas socialistas. La vicepresidenta María Jesús Montero, dueña de la llave de la caja del Estado y negociadora de plena confianza de Sánchez, enervó a ERC al negar que lo pactado con Illa sea un concierto económico a la vasca o a la navarra. Todos los indicios apuntan a un choque más dialéctico que de fondo, dirigido a sofocar el calentón de unos cuantos barones del PSOE, eso sí, más que de costumbre.
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En el documento que permitió la investidura de Illa no aparecen esas dos palabras, sino de que se define como “financiación singular” y “soberanía fiscal“, lo que deja la puerta abierta a que cada parte lo llame como le convenga, como sostienen los propios dirigentes de ERC desde el mismo día que lo firmaron. El compromiso pasa por que la Generalitat recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos generados en Catalunya para luego abonar al Estado una parte por los servicios e inversiones estatales en la comunidad. Hasta aquí, el sistema es calcado al de Euskadi.
La diferencia radica en la segunda aportación catalana al Estado: una cuota de solidaridad que no se concreta, pero se afirma que tendrá que ser “transparente” y deberá asegurar que el resto de autonomías puedan prestar “niveles similares” de servicios públicos que Catalunya, “siempre que hagan un esfuerzo fiscal también similar“. Es decir, ninguna comunidad podrá contar con más recursos que Catalunya una vez aplicados los fondos de solidaridad, con lo que se haría cumplir de una vez el principio de ordinalidad que la ley actual establece. Esa será la madre de todas las batallas, pero para eso aún queda un largo camino.
El rebote de ERC hizo que pasara desapercibido que Montero abrió la puerta a que el modelo acordado para Catalunya pueda extenderse a otras autonomías, porque permite “explorar otras rutas y caminos que permitan satisfacer la demanda de autogobierno de todos los territorios sin que implique quebrar la solidaridad“. Con el tiempo veremos si eso les vale a los barones socialistas y a los del PP, que gobiernan la mayoría de comunidades. Pero la idea de un ‘café para todos’ fiscal ya ha puesto en alerta al independentismo.
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Antes de todo eso, y a no mucho tardar, Sanchez e Illa deberán decidir qué hacen con los presupuestos. El recién elegido president tiene la posibilidad de intentar aprobar aún las cuentas de este año. Sería todo un golpe de efecto desempolvar el acuerdo presupuestario que firmó con Pere Aragonès en marzo, pero tendrá que medir bien si le sale a cuenta enrabietar a los Comuns (que provocaron con su veto el adelanto electoral) a las primeras de cambio, o bien resulta más aconsejable mirar ya a los presupuestos de 2025. Todo apunta a que el Consell Executiu tomará el martes la decisión definitiva.
Sánchez lo tiene más crudo porque necesita a Junts, además de a ERC. Y ambas formaciones, como siempre, se están mirando de reojo ante un otoño en el que tienen que redefinir su estrategia y, quizá también, sus liderazgos. Con la amnistía al ralentí y tras la segunda huida de Carles Puigdemont, socialistas y posconvergentes medirán la temperatura de sus relaciones en la reunión a la que se han emplazado para septiembre, pero la Moncloa ha empezado a enviar señales de que una segunda prórroga presupuestaria (este año ya se prorrogaron las cuentas de 2023) no sería ningún drama.
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El PP vela las armas de su ofensiva contra el cupo catalán a la espera de que un fracaso de Sánchez con los Presupuestos le sirva en bandeja exigir elecciones, pero no puede perder de vista que a ese mismo peligro se enfrentan media docena de barones tras la ruptura con Vox. En el Gobierno dicen estar tranquilos porque Alberto Núñez Feijóo no tiene una mayoría alternativa con la que hacerle temblar, pero Junts ya ha demostrado que puede sumar sus votos a los del PP y Vox en votaciones cruciales. Bienvenidos a un curso político de doble filo.
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