El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite una demanda presentada por un particular por la “inactividad” del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la Agencia de Seguridad y Emergencias dependiente de su Gobierno a la hora de gestionar la alerta y la emergencia catastrófica producida por la Dana del pasado 29 de octubre. La letrada judicial de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de este órgano firma el decreto, al que ha tenido acceso este diario, en el que se ordenan los primeros pasos para tramitar este asunto.
Concretamente, se reclaman los documentos administrativos sobre la gestión de la Dana a las administraciones demandadas conforme a lo previsto en la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, que da 20 días para la remisión de los expedientes completos debidamente autentificados. Se fija además un plazo de 9 días para que los responsables autonómicos puedan personarse en el procedimiento.
El demandante es el abogado valenciano Curro Nicolau, quien adquirió cierta notoriedad mediática por sus recursos contra las medidas que limitaron los movimientos de los ciudadanos durante la pandemia de covid. Este abogado ha presentado una demanda similar ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Alega que él se encontraba en Valencia capital el pasado 29 de octubre y que no recibió ningún tipo de alerta de emergencia. En los días posteriores asegura que ha podido ser testigo de la “inactividad del Gobierno de España en la asunción de la intervención que exigía la emergencia de carácter nacional“. Esta demanda se suma a la presentada también ante el alto tribunal por la asociación Liberum en los mismos términos, solicitando que la justicia declare la inacción del Gobierno con respecto a la catástrofe en Valencia.