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La paciencia del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a la hora de volver a reactivar las euroórdenes no está siendo acompañado por la fiscalía, que este martes le instó a cursar la que proceda contra el ‘exconseller’ de Cultura Luis Puig para volver a intentar su entrega a España, pese a que las negociaciones para la investidura de pedro sánchez pueden suponer la promulgación de una ley de amnistía.

De hecho, la petición fiscal se ha encontrado con una rápida respuesta por parte del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la red social X, antes de Twitter. «Son tan previsibles que es casi una tradición. La derogación del «¡a por ellos!» es una necesidad democrática, pero no parece que tengan ningún interés. A tu lado, consejero @LluisPuigGordi«, ha afirmado el ‘expresident’ huido de la justicia española en respuesta a un comentario de Jordi Turull.

El exdiputado de Junts que fue condenado a 12 años de cárcel por su responsabilidad en el 1-O destacaba que la petición fiscal se producía «al día siguiente de la Diada» y servía para recordarles que la fiscalía y la cúpula judicial seguían estando vigente el «A por ellos».

En el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los fiscales del ‘procés’ solicitan al instructor de este procedimiento en el Supremo que reactiva la euroorden relativa a Puig, como ya solicitaron para Puigdemont y el ‘exconseller’ y también diputado europeo Toni Comín solo un día después de las elecciones del 23-J. Una petición que el magistrado prefirió posponer hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva sobre si debe devolver de forma cautelar la inmunidad a los eurodiputados, para así evitar tener que retirar la orden a los pocos meses de reactivada.

Puig no es eurodiputado, así que para plantear una reclamación internacional en su contra no era necesario esperar ala sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que avaló la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín, al avalar la tramitación del suplicatorio cursado en su contra por el juez Llarena, ni ahora a la revisión de esa resolución, ni siquiera comprobar el resultado del primer fallo solo referido a las medidas cautelares.

Hasta 12 años de cárcel

El escrito fiscal recuerda que tras la reforma penal acordada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC los delitos por los que está procesado Puig siguen siendo los de desobediencia y malversación, este último en su modalidad más grave que puede llegar hasta los 12 años de cárcel. En consecuencia deben volverse a cursar órdenes internacionales y europeas de detención en su contra, así como internacionales, «por si fuera necesario solicitar su extradición» para intentar de nuevo su entrega a España.

La negativa belga a entregarle a la justicia española fue lo que motivó que el juez Llarena elevará unas cuestiones prejudiciales al TJUE, que falló que un país no puede negar la entrega de un reclamado, salvo si en el país reclamante hay vulneraciones sistémicas de derechos, lo que no era el caso de España. En esa sentencia, destaca el ministerio público, también se avalaba la posibilidad de dictar órdenes de detención europeas sucesivas, como ocurriría en este caso en el caso de que Llarena hiciera suya la petición fiscal.

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Fuentes del alto tribunal, sin embargo, no confían en que la resolución europea signifique la entrega segura del reclamado si se iniciara un nuevo procedimiento para ello, sobre todo, en un escenario de incertidumbre en el que incluso pueden acabar siendo amnistiados los hechos por los que se le reclama.

Fuentes jurídicas señalan también que de comenzar una nueva causa ante la justicia belga para tratar de lograr la entrega a España de Lluís Puig, la defensa puede intentar argumentar que en España sí hay vulneraciones sistémicas de derechos y como ejemplo esgrimir que se reformó el Código Penal para derogar la sedición y modificar la malversación e incluso se valora promulgar una ley de amnistía para los hechos por los que está procesado el ‘exconseller’ de Cultura, circunstancias todas ellas que generan inseguridad jurídica.