El director general de Planificación Turística ha comentado que en Canarias hay 197.000 plazas de vivienda vacacional y ahora se trata de ver cómo esta situación encaja con el derecho a tener una vivienda digna, adecuada a precios asequibles, el derecho a la calidad de vida.
También tiene que encajar con la preservación del patrimonio histórico, así como con el compromiso con la descarbonización y la movilidad sostenible.
Rodríguez ha hecho hincapié en la necesidad de un enfoque integral para regular el sector, considerando aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Se espera que el próximo marco legal aborde estos temas desde una perspectiva de 360 grados, alineándose con la estrategia turística más amplia de la región que prioriza productos turísticos de alto valor agregado. Se espera que estos productos generen más empleo, ingresos fiscales y una mejor preservación ambiental, contribuyendo a la sostenibilidad sociocultural, económica y ambiental de la región.
En cambio, Alejandro Marichal, teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, ha expresado una opinión bastante diferente. Si bien reconoció la ausencia de un borrador detallado del proyecto de ley, Marichal defendió el modelo de casas vacacionales, argumentando que no perjudica a los establecimientos de alojamiento tradicionales, permite a las familias beneficiarse del modelo turístico e impacta positivamente en servicios no hoteleros como los restaurantes.
El debate sobre las viviendas vacacionales en Canarias refleja los complejos retos que supone equilibrar el crecimiento del turismo con el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los residentes. Con la nueva ley, el Gobierno de Canarias aspirará a crear un modelo turístico más sostenible y equitativo que beneficie tanto a la población local como a los visitantes, preservando al mismo tiempo el carácter y el entorno únicos de la región.