el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortízse reunió con el fiscal Álvaro Redondoencargado de elaborar la ponencia sobre la exposición del juez Manuel García-Castellón que propone imputar al eurodiputado Carles Puigdemont por delito de terrorismo en el caso del Tsunami Democráticoy modificó su borrador inicial, según información confirmada, en el que proponía aceptar el criterio del juez, por otro en el que propone al Tribunal Supremo rechazarlo. Su ponencia se debatirá, según adelantamos en exclusiva este domingomañana martes 6 de febrero a partir de las 10.00 horas.
Redondo había confeccionado un borrador que consultó con varios fiscales. En ese borrador, el fiscal consideró que había un gran número de hechos e indicios y que, por tanto, había que continuar la investigación con aquellos que hasta ahora, por ser aforados, tienen que pasar por una decisión del Tribunal Supremo para obtener primero el suplicatorio al Parlamento Europeo -caso de Puigdemont– y después ser conminados a prestar declaración en calidad de imputados.
La idoneidad de Redondo para elaborar el informe que le ha tocado por turno no se ha cuestionado en la junta de fiscales de la sección primera de lo Penal del Supremo celebrada el martes de la semana pasada. Pero, como señaló EL PERIÓDICO, el fiscal es contrario a la ley de amnistía, sobre la cual se ha manifestado en medios de comunicación. Según estima “respetando la posición política que cada sector de opinión prefiera asumir, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía, salvo la actualmente vigente de 1977. Sería necesaria una reforma constitucional reforzada, con la aprobación de la misma por dos tercios de ambas cámaras, en dos sucesivas legislaturas, y aprobación por referéndum de tal acuerdo, para que la referida ley fuera constitucionalmente viable, al afectar la reforma al título segundo de la Constitución”.
Tan tajante rechazo llevó a la junta, según fuentes solventes, a plantearse la posibilidad de que Redondo no fuera el fiscal más adecuado para realizar la ponencia, habida cuenta de que, precisamente, el juez García Castellón está poniendo en aprieto de facto, con su exposición razonada, la tramitación de la ley de amnistía. Precisamente, Junts per Catalunya, ha votado en contra de la proposición la semana pasada en el pleno del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, la posibilidad de la abstención quedó diluída y no hubo decisión al respecto. El fiscal Redondo informó que había mantenido una conversación con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, sin dar explicaciones sobre su contenido.
Pero fuentes consultadas por EL PERIÓDICO han señalado que Redondo modificó su posición inicial, favorable a aceptar la exposición razonada, para asumir el planteamiento de la Fiscalía General del Estado.
Malestar entre los fiscales
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Con todo, la ponencia contraria a la exposición razonada no es garantía de que los 15 fiscales de la sección primera (son 12 o 13 si se computan las bajas y puestos vacantes) vayan a aceptar el punto de vista de Redondo. Hay malestar entre los fiscales por las afirmaciones del presidente de Gobierno, el viernes pasado en Bruselas, en el sentido de que “así al final lo van a concluir los tribunales que va a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas”
Esa referencia a los tribunales, según ha recogido EL PERIÓDICO, ha sido recibida con irritación cuando precisamente la junta de fiscales debe tomar una posición sobre si la resistencia de Tsunami Democràtic en 2019 es terrorismo o no.
Todos estos elementos -cambio de posición de Redondo, declaraciones de Sánchez, intervención del fiscal general del Estado- van a influir en la decisión.
Los fiscales debatirán y votarán. Pero serán los jefes de la sección segunda –Fidel Cadena y Javier Sánchez-Covisa– quienes, una vez oídos a sus compañeros, plasmarán en un informe la posición.
El fiscal general del Estado podía haber asumido la responsabilidad directa de informar al Supremo delegando en la teniente fiscal, Ángeles Sánchez, pero prefirió hacerlo a través de la junta de fiscales, una opción que asombró a no pocos fiscales.
Con todo, la decisión sobre la exposición razonada la adoptará la Sala de Admisión de la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena. Esta sala puede devolver la exposición para que García-Castellón siga investigando sin llamar a declarar a Puigdemont y otros aforados, o admitir la exposición y encargar al instructor ya designado, Juan Manuel Berdugo, que asuma las múltiples diligencias a realizar.