La Guardia Civil, en el marco del control de explotaciones agrícolas y ganaderas, ha localizado una explotación clandestina de ovino-caprino y ha emitido un informe contra el responsable, que puede afrontar sanciones de hasta 1.200.000 euros.
A finales del año pasado, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardamar fueron informados del hallazgo de varios cadáveres de ovejas en el Azarbe que discurre por la localidad de San Fulgencio hacia la desembocadura del Río Segura.
Los investigadores comprobaron la información, observando que los animales carecían de crotal (elemento plástico identificativo adherido a la oreja del animal), iniciando la investigación para esclarecer el origen de estos animales, sospechando la posible existencia de una explotación ganadera clandestina.
Tras realizar diversas inspecciones en explotaciones de la zona, los agentes localizaron, escondida en unas instalaciones abandonadas dedicadas al porcino, una explotación ilegal de ganado ovino y caprino, logrando identificar al responsable de la explotación.
Una vez realizada la inspección, los agentes observaron que el ganado carecía de control sanitario animal, por lo que su consumo podía suponer un grave riesgo para la salud humana. Además, los restos de animales encontrados en la cuenca del río podrían estar relacionados con la explotación. Por estos motivos, los agentes levantaron un informe a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por la comisión de infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunidad Valenciana, quedando los animales almacenados a su disposición.
El responsable de la explotación podría enfrentarse a infracciones graves por falta de comunicación de la muerte del animal de producción, falta de desinfección, desinfestación y de cualesquiera medidas sanitarias establecidas reglamentariamente y ausencia de documentación sanitaria, y a infracciones muy graves por dar a los animales destinados al consumo humano y por omisión de los análisis, pruebas y pruebas de detección de enfermedades a las que deben ser sometidos los animales destinados al consumo humano. Estas infracciones pueden dar lugar a sanciones económicas de 3.001 a 1.200.000 euros.