El ministro del Mar, Juan Manuel Lafuente, cree que el Gobierno balear tiene todo el derecho a introducir esta ley, a pesar de que textos legislativos similares en otras regiones, como Galicia, han sido recurridos por el Gobierno español. Dice que hay “cierta tensión” con Madrid porque El Gobierno balear quiere desplegar al máximo sus competencias.
La ley Lafuente pondrá énfasis en el papel de los ayuntamientos. Deberían ser ellos quienes decidan los usos de las playas y otras zonas costeras. Por ejemplo, los ayuntamientos podrán decidir si autorizan o no algún tipo de torneo deportivo o la celebración de bodas o eventos además de la autorización de chiringuitos y otros servicios. Las autorizaciones siempre han sido en última instancia las del Autoridad de Costas.
Parte del proceso de redacción de la ley será una registro de todos los edificios e instalaciones que se encuentren en el dominio público marítimo. La intención es garantizar la preservación de edificios que tengan valor histórico, patrimonial o social.