El Gobierno llevará al Consejo de Ministros en las próximas semanas el plan de choque sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para datar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones aún en los casos prescritos penalmente. El borrador del plan promovido por el ministerio de Presidencia y Justicia, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, recoge la adopción de medidas, tanto legales como administrativas, “para permitir el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos en que, por prescripción del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acción penal”.
Para las compensaciones económicas, el Gobierno impulsará diferentes modificaciones legales con el objetivo de que “la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no limite el ejercicio de la reclamación de la responsabilidad civil conforme a la regla general”. Concretamente, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil, siempre que no se haya renunciado a su ejercicio, una vez que el delito haya prescrito.
Siguiendo las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo, que todavía deberá presentar en el Congreso Ángel Gabilondo, el plan prioriza que se cree un órgano mixto entre el Estado y la Iglesia para asumir las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del victimario. Un órgano independiente, integrado por especialistas y de carácter temporal que tendría como finalidad la reparación de las víctimas. Para impulsarlo sería necesaria la colaboración de la Iglesia con el fin de que se haga cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.
La Iglesia viene dando pasos en los últimos meses desde su negacionismo inicial a una posición más proactiva, hasta el punto de que la Conferencia Episcopal ha elaborado su propio plan de reparación a las víctimas de pederastia. Las indemnizaciones las asumirían los victimarios o las diócesis implicadas, pero no la Conferencia Episcopal, que siempre rechazó su participación en un fondo de compensación estatal.
El plan del ejecutivo evita desarrollar esta recomendación incluida en le informe del Defensor del Pueblo, y ante la posibilidad de que la Iglesia decida no colaborar, será el Estado quien asuma las indemnizaciones. Lo haría en este caso de la mano de las comunidades autonómicas y tras aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctimas y las medidas reparadoras pertinentes.
Diferencias entre Gobierno e Iglesia
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El plan asume la posición de que “la respuesta de la Iglesia católica tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo como a las denuncias de los abusos han sido insuficiente”. Principalmente, a la hora de abordar los casos pasados y prescritos penalmente y hacer frente a su reconocimiento y reparación. Por tanto, es en esta cuestión en la que se pone un mayor foco para dar respuesta desde el Estado. Sí valora otras respuestas dadas por la Iglesia más enfocadas en el “presente y futuro”. Esto es, la elaboración por parte de las entidades religiosas de diversas instrucciones y protocolos dirigidos a la prevención, detección e intervención en los casos de abusos sexuales, así como, la puesta en marcha en todas las diócesis y de muchos institutos religiosos, de las Oficinas de atención a las víctimas.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reunió el pasado jueves en el palacio de La Moncloa con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y su secretario general, Francisco César García Magán. El primer encuentro desde que la institución de los obispos elegiese al conservador Argüello el pasado 5 marzo. Hasta la fecha, el Estado y la Iglesia han logrado acuerdos relativos a las inmatriculaciones de bienes o a la modificación del régimen tributario para eliminar algunas de sus exenciones de impuestos, pero no parece que vaya a haber una colaboración total en el plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo.
La Iglesia ya concluye en su propio informe ‘Para dar luz. Informe de los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica (1945-2022)’ que los casos de abusos en su seno son “una proporción cuasi residual con respecto a los casos que mayoritariamente se producen en el seno de la familia, las instituciones y otros ámbitos de la sociedad” y que existen otros responsables, incluido el Estado y los poderes públicos.
Homenaje de Estado
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El plan promovido por el Gobierno prevé la organización de un acto de Estado, con la presencia de las víctimas, sus representantes y familiares, que ahonde en su reconocimiento con un estatus como el que tienen otro tipo de víctimas. “La primera necesidad de las personas que han sufrido abusos sexuales en el entorno de la Iglesia católica es la de ser reconocidas”, recoge el informe del Defensor del Pueblo como el paso previo a la asunción del compromiso de responder al reto de su reparación y prevención. El objetivo de este acto de Estado sería así “el reconocimiento del prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, durante el cual los poderes públicos no establecieron procedimientos adecuados de detección y reacción frente a los abusos sexuales de menores cometidos en centros escolares dependientes de la Iglesia católica”.
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Las víctimas de las que se ha tenido conocimiento ascienden a 487 y después de la presentación de informe se recibieron cerca de un centenar de testimonios más. La comisión encargada de elaborar la encuesta sobre la prevalencia de los abusos revela que un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia (antes de los 18 años). En un ámbito religioso, el dato obtenido es que los abusos afectan a un 1,13 % de los adultos en España, siendo un 0,6% el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos por parte de un sacerdote o religioso católico.