El Gobierno descarta convocar este año el debate sobre el estado de la nación. Fuentes de Moncloa aseguran que ni se ha planteado su celebración. Tampoco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pusiese sobre la mesa la necesidad de impulsar un plan de regeneración democrática y abrir un debate en este sentido tanto con los partidos como con sindicatos y organizaciones sociales. El Ejecutivo esperará a que tener un horizonte de mayor estabilidad, en un contexto donde la legislatura está en el aire a la espera de la gobernabilidad en Cataluña tras las elecciones del próximo domingo y sin Presupuestos.
Con la decisión de prorrogar las cuentas públicas, a falta de despejarse el escenario político catalán, el Gobierno dejó en pausa la legislatura. El ciclo electoral no solo ha congelado las relaciones con los partidos independentistas, imprescindibles para las mayorías parlamentarias, sino que también la agenda legislativa.
Si bien el debate sobre el estado de la nación no cuenta con una reglamentación expresa, se celebró interrumpidamente hasta el año 2015, a excepción de periodos electorales. Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018, solo se ha celebrado uno de estos debates sobre política general. En julio de 2022.
El jefe del Ejecutivo aprovechó entonces su intervención para realizar varios anuncios en política económica frente la creciente inflación por la invasión rusa de Ucrania, como las bonificaciones al transporte o la creación de los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. En las propuestas de resolución incluso hubo margen para el acuerdo entre PP y PSOE. Ambas formaciones consensuaron un texto para comprometer el incremento del gasto militar.
La animadversión de Sánchez a estos debates, instaurados por Felipe González en 1983 siguiendo el ejemplo de otras democracias occidentales, se compensa desde el Gobierno argumentando que es el presidente que más veces comparece en sede parlamentaria.
Conferencia de Presidentes “antes de verano”
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Lo que sí tiene previsto celebrar el Gobierno antes de verano, una vez cerrado el actual ciclo electoral, es la Conferencia de Presidentes. A diferencia del debate sobre el estado de la nación, este foro multilateral está pautado y su reglamento obliga a celebrar al menos dos reuniones al año. Aunque el pasado mes de marzo se cumplieron dos años desde que se celebró la última reunión, en Moncloa justifican su aplazamiento por el calendario electoral del pasado año y del actual.
Pedro Sánchez preside la última reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada en marzo de 2022 en La Palma. / EFE
El vuelco en el poder territorial tras las últimas elecciones autonómicas y la intensidad de la confrontación entre PSOE y PP han llevado al Gobierno a diluir el interés por convocar a las comunidades autónomas. Además de reclamar un consenso previo para fijar los asuntos del orden del día, en el PSOE recalcan que la potestad de convocar recae en el presidente del Gobierno. Con todo, tanto una mayoría de las comunidades autónomas como el Senado, bajo el control del PP, tienen potestad para condicionar el orden del día y el reglamento establece que “la Conferencia será convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del comité preparatorio o diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía”. Los populares presiden once autonomías, además de Ceuta y Melilla.
Plan de regeneración democrática
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La intención ahora, según trasladan fuentes del Ejecutivo pasa por celebrar una reunión entre junio y julio y otra a finales de este año. De esta manera, en el Gobierno garantizan que cumplirán con el reglamento, a pesar de que 2023 fue un año en blanco para este foro multilateral. Los barones populares que han reclamado de forma insistente su convocatoria en los últimos meses, al igual que Génova.
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Después de las elecciones europeas, el Gobierno tiene previsto presentar las primeras medidas del plan de regeneración democrática. Iniciativas encaminadas a “democratizar” el sistema judicial, incluyendo reformas para forzar la renovación del el CGPJ si persiste el bloqueo del PP, y luchar contra la desinformación, hasta después de las elecciones europeas. En materia de comunicación, en Moncloa miran el referente de la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación que acaba de entrar en vigor. Entre otras cuestiones, obliga a declarar la propiedad de los medios.