Mientras el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomaba declaración a la dirigente de ERC Marta Molina por su responsabilidad en Tsunami Democràtic, la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo daba cinco días al fiscal y las partes personadas en la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado de Esquerra Ruben Wagensberg para que se pronuncien sobre la petición de este último para recavar las investigaciones que el CNI pudo llevar a cabo contra el independentismo y, en concreto, sobre el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès.
En un escrito de 22 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el diputado que ha fijado su residencia en Suiza reclama a la instructora de Tsunami en el Supremo que se dirija al Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona para que le remita testimonio de la causa seguida por el espionaje sufrido por Aragonès por parte del Centro Nacional de Inteligencia.
Tras declararse víctima de una “investigación prospectiva” contra el independentismo, en el que se busca acabar con la protesta, pese a que las realizadas por Tsunami Democràtic sostiene que siempre fueron pacíficas, Wagensberg quiere que se incorpore al Supremo una copia del acuerdo del Consejo de ministros de 16 de enero de 2024 por el que se desclasifica información relativa a la interceptación de las comunicaciones relativas a Aragonès.
Señala que en los autos en los que el magistrado adscrito al CNI en el alto tribunal autorizó los seguimientos “contienen referencias a Tsunami Democràtic y a hechos tratados en el presente procedimiento”. Añade que, además, el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan coordinadamente.
La defensa, que denuncia vulneración del derecho a la igualdad de armas, anuncia que “una vez tome conocimiento la instructora de la realidad de la investigación efectuada por el CNI de los hechos investigados, se interesará la adopción de nuevas medidas de investigación para determinar el alcance de la investigación efectuada y recabar la información que pudiera ser de utilidad para la causa”.
No obstante, de momento adelanta que pedirá que solicite al magistrado de control previo del CNI que informe de cuántas autorizaciones ha realizado en relación con Tsunami y, si lo considera necesario, se dirija al Consejo de Ministros para solicitar que también desclasifique esa información. Para garantizar su confidencialidad pide que se abra una pieza separada secreta.
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Considera que eso explica cómo se identificó a Wagensberg entre los usuarios de la red social Wire a través de la que se comunicaban los imputados como presuntos organizadores de las protestas de Tsunami Democràtic, y que se traslade al alto tribunal todo lo investigado en relación con el teléfono del empresario Oriol Soler, también imputado por la actividad de la plataforma, pero en su caso en la Audiencia Nacional por no estar aforado.