No solo es Emiliano García-Page. La propuesta del Gobierno sobre una “financiación singular” para Cataluña genera más dudas que adhesiones entre buena parte de los líderes territoriales del PSOE. La petición de ERC de una suerte de concierto económico similar al modelo vasco es abiertamente rechazada con una contestación transversal en las filas socialistas, sin diferenciar entre críticos y afines. Ante la posibilidad de un acuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa, espoleado con la visita este miércoles de Pedro Sánchez a Pere Aragonès para saldar compromisos pendientes, algunos barones del partido han reiterado sus avisos sobre un hipotético acuerdo en materia de financiación. “Ni más que nadie ni menos”, resumen en la cúpula de la federación andaluza. El sentir generalizado es evitar que el acuerdo derive en “un privilegio”.
Nada en contra de las “singularidades” siempre que sean extensibles y tenidas en cuenta las de otros territorios. Más allá de la oposición de Page, que de partida rechaza cualquier entendimiento con los independentistas, el temor del resto de barones es que un acuerdo en financiación con Cataluña camine hacia un proceso autonómico asimétrico. Un asunto, que reconocen, generaría más rechazo entre sus potenciales votantes que la ley de amnistía. Cuando se toca al bolsillo, explican desde uno de estos territorios, se anticipa un rechazo mucho más generalizado.
Tanto desde Ferraz como desde el Gobierno no han informado a los territorios sobre las negociaciones, al aludir a la plena autonomía de Salvador Illa para conducirlas pese a estar en contactos directo y constante con Pedro Sánchez. Algo que tampoco ha contribuido a rebajar los temores en algunos barones, aunque en la dirección federal señalan el perfil del exministro y líder de los socialistas catalanas para tranquilizar sobre los límites de un hipotético acuerdo.
Más allá de reclamar confianza a los suyos a la espera de si se concreta el acuerdo y cómo, en Ferraz les han asegurado a los líderes territoriales que en cualquier caso “no se perjudicará” a ninguna autonomía. Además, insisten en todo pacto en materia de financiación se hará dentro del marco de la Constitución y del Estatut. El mantra del Gobierno es que, como se hizo en la investidura al extender a otras comunidades autónomas el compromiso de condonar una parte de su deuda, ahora se haga un camino similar.
De ahí que recuerden que otros estatutos recogen singularidades o incluso la gestión mixta de tributos, como el estatuto de Baleares o el de Andalucía. Es por ello que desde la federación andaluza, bajo el principio de que “todo lo que se pacte será en el marco de su estatuto”, avanzan que también podrá ser asumido por la Junta al tener amplias similitudes ambos textos. Simetría en el proceso autonómico e igualdad de oportunidades, reiteran incluso desde los sectores más federalistas del PSOE, para subrayar en los principios del partido de un modelo compartido y no excluyente “en el que cabemos todos”.
La apuesta de los socialistas catalanes es la de desarrollar el consorcio económico, previsto en el Estatut. Un mecanismo de gestión de los tributos compartida por la Generalitat y el Estado. En Moncloa se abren a esta posibilidad para recordar que otras comunidades autónomas tienen la posibilidad de ejercerla también, así como negar cualquier que se vayan a transgredir líneas rojas. Se inclinan así por un cambio en el modelo de financiación autonómico que reconozca las especificidades de Cataluña por las competencias que gestiona, principalmente en materia de seguridad (Mossos d’Esquadra) o prisiones.
Territorios en guardia
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La máxima es cuadrar el círculo para contentar a ERC, que desliza posiciones de máximos y deberá obtener el apoyo de las bases a un eventual pacto de investidura con el PSC, y no agraviar al resto de comunidades autónomas. Evitar asimismo el ruido interno con un asunto sensible no solo en las filas socialistas, sino también en la de los socios del Gobierno de coalición. De hecho, tanto Compromís como la Chunta Aragonesista, que forman parte del espacio parlamentario de Sumar, han llegado a amenazar con retirar su apoyo al Ejecutivo si la reforma se limita a Cataluña y no incluye cambios para revertir la “infrafinanciación” de la Comunidad Valenciana y Aragón.
La reforma del modelo de financiación autonómica está en punto muerto porque el Gobierno exige un acuerdo previo entre los dos grandes partidos. Acercar posturas ante las diferentes entre los propios presidentes de las comunidades autónomas en lugar de “utilizarlas como un frente común de bloqueo”, según reprochan los socialistas a Génova. Con todo, diferentes secretarios generales del PSOE han vinculado su apoyo a una financiación singular para Cataluña a que se pueda replicar y negociar dentro del marco multilateral. El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se posicionó en su día con una reforma que supusiese reconocer las singulares de Cataluña, pero también “las de Canarias o de Madrid”.
La necesidad de “hacer pedagogía”
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En una línea similar, el secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, asumió parte de las críticas de García-Page para arremeter contra una negociación sobre financiación como “moneda de cambio” para la investidura de Salvador Illa. Su argumento es que la “singularidad” en la que se enmarcaría Cataluña para favorecer su financiación sería un “privilegio” que los socialistas extremeños no aceptarán. El líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, se posicionó igualmente en contra de cualquier “privilegio”, aun reconociendo las “singularidades” si son extensibles a todas las comunidades autónomas.
García-Page es quien más ha elevado el tono. Coincidiendo con la última Conferencia Política Fiscal y Financiera (CPFF), el presidente socialista de Castilla-La Mancha se sumó a los presidentes populares en contra de una suerte cupo catalán. Aunque este asunto no formaba parte del orden del día, varias comunidades manifestaron preventivamente su rechazo. Entre ellos, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, cuestionó que “dos partidos políticos de carácter regional” como el PSC y ERC “estén decidiendo sobre las finanzas” del conjunto del país, y tachó de “chantaje” la propuesta de financiación singular de los independentistas.
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió ante estas críticas, entre la resignación y la ironía, reconociendo que el Gobierno debe “hacer más pedagogía”. A la espera de cómo se materializan los acuerdos, los avisos de los barones socialistas constatan que por el momento esta “pedagogía” no ha sido suficiente.