Dos meses y medio después de las elecciones del 12 de mayo y tras una reunión maratoniana de la dirección que se ha alargado casi 10 horas y marcada por los recelos internos, ERC ha alcanzado un preacuerdo para investir presidente de la Generalitat al líder del PSC, Salvador Illa. Para llegar al pacto, los dos partidos han tenido que desencallar el punto principal de la negociación: una nueva financiación para Catalunya que dé más poder de decisión a la Generalitat sobre sus recursos. A la espera de la letra pequeña, los republicanos han exhibido que han arrancado grandes concesiones a los socialistas. La principal: un concierto económico que han vendido a bombo y platillo que supondrá la salida del régimen común. La última palabra la tendrán ahora los 8.700 militantes de ERC, que votarán el viernes en una consulta vinculante cuya pregunta está por definir.
La portavoz del partido, Raquel Sans, flanqueada por toda la ejecutiva del partido, ha proclamado que han logrado pactar la “soberanía fiscal”, es decir, la famosa llave de la caja. “La Agencia Tributaria de Catalunya gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos”, ha asegurado. A la espera de la concreción del calendario, ha avanzado que Catalunya recaudará el 100% del IRPF en la declaración de la renta del año 2026 y que lo mismo pasará con el resto de tributos, como el IVA y el impuesto de sociedades. “Se trata de una reivindicación histórica”, ha sentenciado.
Más allá de la financiación, que requerirá de modificaciones legislativas que estarán a expensas de la mayoría del Congreso, ERC ha sacado pecho de otros logros como la creación de una conselleria específica de política lingüística para potenciar el catalán. Illa había rechazado hasta ahora su existencia y defendido que esta cuestión dependiera de Presidència. Se mantendrán otras que llevan el sello de los republicanos, como las de Feminismes y Acció Exterior.
En la carpeta del conflicto territorial, la cúpula de Calàbria se ha esmerado en defender que lo pactado con el PSC es la creación, en el marco del Parlament, de una “convención nacional para la resolución del conflicto político” que presidirá ERC y a la que estarán invitados los partidos catalanes sin que eso suponga la desaparición de las mesas de negociación que tienen con el PSOE. Habrá que ver el encaje de este nuevo instrumento, que los republicanos entienden que debe suponer un debate y un acuerdo que acabe siendo refrendado por la ciudadanía. No ha mencionado, sin embargo, la palabra referéndum.
El pacto, sin embargo, solo puede calificarse de preacuerdo no definitivo, ya que ahora los republicanos deberán someterlo a votación de su bases en una consulta interna que se llevará a cabo tanto de forma telemática como presencial este viernes. Así lo ha comunicado el partido en una reunión online convocada de urgencia con la militancia esta misma tarde. Es decir, los 8.700 afiliados de ERC tendrán la última palabra sobre si hacer president a Illa.
De hecho, incluso antes de que se conocieran detalles del preacuerdo, hay dirigentes que ya han alzado la voz para oponerse. Es el caso de la diputada en el Congreso Pilar Vallugera. Su mensaje en redes sociales ha sido tan claro como escueto: “No”. No hacía falta más para que quede claro a todas luces que la dirigente está en contra del ‘sí’ a la investidura de Illa. No ha sido la única voz que se ha pronunciado públicamente, pero sí la más significativa. Se da la circunstancia de que es una de las firmantes del manifiesto a favor de la renovación de liderazgos rubricado también por Rovira y que fue interpretado como una petición de retirada de Junqueras de cara al congreso del 30 de noviembre.
El voto de la militancia de ERC no es el único trámite imprescindible y pendiente para certificar la presidencia de Illa. Quedan al menos tres más. Primero, que los socialistas confirmen que, efectivamente, conceden ese “concierto económico solidario” y se acompasen los términos del acuerdo. Por ahora, los socialistas mantienen silencio sobre los términos de la entente y ceden todo el protagonismo a una ERC que necesita convencer a sus militantes. No obstante, el PSC había abogado por potenciar el consorcio tributario recogido en el Estatut vigente y por que las políticas de defensa del catalán dependieran de Presidència. En las negociaciones, los socialistas se habrían comprometido también a mantener cargos del ‘sottogoverno’ del actual Govern.
El segundo requisito es que se confirme el apoyo de los seis diputados de los Comuns. No debería ser un problema, ya que la entente está a punto de caramelo a la espera de que se encallara la negociación con ERC. El tercero sí que es más peliagudo. Habrá que esperar a ver si un eventual regreso de Carles Puigdemont desestabiliza el pacto entre ERC y el PSC. Es pronto para saberlo. La previsión es que, si las bases republicanas dan su ‘sí’, el pleno de investidura se celebre la semana que viene, fecha en la que se produciría el retorno a Catalunya anunciado por el expresident a riesgo de ser detenido.
Cambio de ciclo
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Para lograr el aval de ERC, el PSC ha tenido que vencer fuertes reticencias de los republicanos. En la noche electoral de mayo, los republicanos se desmarcaron de cualquier negociación con los socialistas. Sin embargo, pasado un tiempo, ERC ha reconsiderado su negativa sabiendo que volver a nuevas elecciones, con su situación de debilidad, era una opción muy arriesgada.
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El pacto PSC-ERC para la presidencia de la Generalitat también supone un cambio de ciclo político en Catalunya y rompe definitivamente la etapa parlamentaria donde eran las mayorías independentistas las que decidían las investiduras. Desde 2012 todos los presidentes de la Generalitat –Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès– se habían elegido por el concurso de partidos nacionalistas e independentistas. Esta vez no será así: la presidencia de Illa será fruto de un pacto entre el constitucionalismo y el independentismo.