En la dirección nacional del PP lo repiten una y otra vez: “Si buscaban dividir a nuestros presidentes autonómicos, no lo van a conseguir”. La exhibición de un rechazo total al pacto entre el PSC y ERC para un concierto catalán -el Gobierno insiste en hablar de “financiación singular”- llegará este viernes en un encuentro de todos los barones territoriales que el PP llama “cumbre” ante la ausencia de una Conferencia de Presidentes que sigue sin convocarse. Se verá “un frente de resistencia” ante los planes de Pedro Sánchez, avanzan en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.
Las últimas palabras del jefe del Ejecutivo han sido recibidas en todas las autonomías del PP como un “ataque frontal” que busca limitar la autonomía fiscal de los conservadores. Y la realidad es que los barones llegan a esta foto más unidos de lo que estaban antes de que Sánchez les recriminara “el mismo esfuerzo fiscal” que hace Cataluña si quieren seguir contando con los mismos servicios públicos.
Lo que no saldrá de este encuentro es una propuesta del modelo de financiación por el que apuesta el PP, caducado desde 2014. Lo que pretenden los populares es negarse a que Cataluña pueda salir del régimen común y cuente con “unos privilegios” -repiten- que desestabilizarán el resto del Estado autonómico.
Cada comunidad pretende llevar un cálculo inicial del impacto que tendría en su comunidad el acuerdo firmado con los independentistas. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, aprovechó un acto en Madrid esta semana para cifrar en 233 millones de euros el caso de su comunidad. “Ese será el daño en los servicios públicos para los aragoneses”, dijo.
Las comunidades del PP tienen prioridades distintas y no hay un acuerdo entre ellas sobre qué criterios deberían regir el nuevo modelo. En Génova tratan de cerrar el debate: “No vamos a hacerle el trabajo al Gobierno y al Ministerio de Hacienda, que es quien hablando con todas las comunidades haga una propuesta para mejorarlo y nivelarlo. No seremos nosotros quienes hoy fijemos los criterios”, aseguran.
Lo que está claro es que Feijóo, liderando la oposición y con 14 gobiernos autonómicos, no abrirá ese melón. Esta reunión no arrojará un documento con una propuesta con el sello del PP para enviar a Hacienda. En principio, lo previsto es ahondar en el manifiesto que ya firmaron todas las comunidades hace días en defensa de la solidaridad de todos los territorios y la igualdad de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan.
Feijóo necesitaba también cerrar esa brecha que buscaba el Gobierno, cuando empezó a sugerir que el resto de comunidades podrían obtener una financiación singular igualmente. Ya ocurrió en octubre con la condonación de la deuda pactada entre ERC y el Ejecutivo para investir a Pedro Sánchez. Hay comunidades del PP, como es el caso de la Comunidad Valenciana o Andalucía, con una elevadísima deuda. Y que también reclaman una solución para eliminar las desigualdades y la infrafinanciación acumulada durante años.
El alicantino Carlos Mazón aseguró hace unos días en una entrevista en televisión que “la diferencia es que nosotros cuando pedimos una singularidad, lo que pedimos es una nivelación para estar con los demás. No lo hacemos por separarnos y romper con el resto, sino para empezar a negociar un sistema de financiación en igualdad con todas las comunidades”.
Hasta ahora los barones han pretendido dejar claro su rechazo a los cantos de sirena del Gobierno. Sánchez sí anticipó que convocará uno a uno a los presidentes en Moncloa en las próximas semanas. En principio todos los presidentes acudirán a la llamada y está por ver en qué se traducen esas conversaciones bilaterales.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió este jueves al resto de presidentes de su partido “no comprar la estrategia de Sánchez de intentar comprar a las comunidades con dinero para intentar dividirlas” y “blanquear su ruptura territorial”. La vehemente iniciativa de la madrileña entra dentro de su perfil de oposición al socialista, pero también revela las dudas que tiene sobre si habrá barones autonómicos que vean con buenos ojos una negociación entre su comunidad y el Gobierno.
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