Vox ha reclamado al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, que cite a declarar como testigo al comisario jubilado José Antonio Rodríguez González, actual director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, considerado la ‘mano derecha’ del ministro Fernando Grande-Marlaska.
En el mismo sentido, pide que se interrogue, también como testigo, al secretario de Estado de Seguridad Rafael Ruiz Pérez, quien ya prestó testimonio ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Asimismo, la formación liderada por Santiago Abascal ha solicitado al instructor que cambie la condición procesal del ex subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad Daniel Belmar, quien este jueves declaró como testigo que Rodríguez González, conocido en la Policía con el apodo de ‘Lenin’, fue quien le facilitó el contacto del empresario de la trama de las mascarillas Íñigo Rotaetxe.
Tres millones
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El Ministerio del Interior acabó adquiriendo a la empresa de la red Soluciones de Gestión SL, cuyos beneficiarios eran los comisionistas Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, mascarillas por un valor superior a los tres millones de euros.
Al considerar que Belmar no ha querido colaborar con la justicia, pues le acusa de haber protagonizado «evidentes contradicciones», Vox ve necesario que el juez Moreno «acuerde la entrada y registro de su domicilio y lugar de trabajo, y que se le incauten los dispositivos móviles que se encuentren, a los efectos de proceder al volcado de la información que contengan».
«Respuestas vagas»
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Belmar, concluye Vox en su escrito, «ha ofrecido respuestas, a nuestro juicio vagas y sin concreción de forma reiterativa, que consideramos un tanto evasivas, aludiendo a su falta de memoria, que no parece ser coherente».
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Finalmente, el escrito pide la comparecencia como testigo del subdirector de Gestión Económica y Patrimonial, José Manuel Fraile Azpeitia, «en referencia a las manifestaciones que realizó ante la UCO, en las que habría señalado a la Subdirección de Planificación –que dependía de Belmar- , del mismo Ministerio, como la entidad que les proporcionaba, sin margen de maniobra la empresa con quien se debía contratar».
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