Al final, los 169 millones de euros y la presión pública de los rectores de las universidades públicas madrileñas por los problemas de financiación de estas instituciones han podido más que cualquier matiz ideológico. El próximo miércoles 11 de diciembre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobará el convenio propuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para cofinanciar las nóminas de una parte de los más de mil profesores que tendrá que contratar la Comunidad.
Todas las comunidades autónomas excepto Madrid han firmado este convenio. El Gobierno madrileño era el único que se resistía a hacerlo porque entendía que había algunas cuestiones del texto propuesto por el Ejecutivo de Sánchez que no servían para el propósito final perseguido o porque creían que la redacción incluía algunos planteamientos ideológicos. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, conminó por carta la semana pasada a la presidenta regional a que firmara el acuerdo, advirtiendo de que la universidad pública madrileña no podía permitirse dejar de contratar a los 1.091 nuevos profesores que quedarían amparados por el programa María Goyri.
La advertencia de la ministra coincidió con el almuerzo de trabajo que Díaz Ayuso tenía previsto con los seis rectores de las universidades madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) que habían exigido a su vez un incremento del presupuesto de la Comunidad para garantizar el servicio de estas instituciones, que denuncian que sufren una «infrafinanciación continuada» desde hace más de una década. Ayuso apuntó entonces que lo haría, pero puso unas condiciones. Quería pasar el peine al convenio y pulir la redacción.
Este lunes, el Ministerio ha lanzado, otra vez por carta, un ultimátum al Gobierno regional, estableciendo como fecha límite para la firma del acuerdo el viernes 13 de noviembre. En la misiva se recuerda que el texto del convenio se acordó, con el voto positivo de la Comunidad de Madrid, en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio». Apenas unas horas después de hacerse pública esta nueva misiva, esta vez del secretario de Estado de Educación al consejero del ramo, Madrid confirma que firmará y aceptará los 169 millones del Gobierno.
El Gobierno regional explica que de las 1.091 plazas de profesor ayudante doctor que se podrán contratar para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de estas instituciones, 656 estarán financiadas durante los primeros seis años por el Ministerio y los 435 restantes por la Comunidad de Madrid. Pasado ese plazo, el Gobierno regional tendrá que hacerse cargo del gasto que suponen el 100% de las nóminas. A los 169 millones que saldrán de las cuentas estatales, el Ejecutivo autonómico aportará anualmente 17,5 millones de euros, empezando en 2025.
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Una de las cuestiones que el Gobierno regional pedía modificar en el convenio era la categoría de profesores a contratar, de forma que las universidades pudieran decidir «cuál de las distintas figuras docentes universitarias querían contratar y no limitarla únicamente a la de profesor ayudante doctor, al menos en la parte financiada desde el primer momento por el Gobierno regional». Esto no se ha modificado y tampoco algunas alusiones que desde el equipo de Ayuso se solicitó suprimir. El Gobierno regional ha aceptado finalmente el texto pero calificando de «cacicada» la «imposición» del Ministerio.