Hombre de tradiciones, el president Salvador Illa también hará balance antes de cerrar el año tras cuatro meses capitaneando la Generalitat. El Govern presume de haber tenido un aterrizaje plácido al mando de Catalunya pese a transitar en minoría mientras el independentismo, desnortado, ha estado ocupado en acomodarse en la oposición. Pero es plenamente consciente del cambio de rasante que se avecina en 2025 con la negociación de presupuestos, la prueba del algodón de la estabilidad de la legislatura. Y es que, aunque sus rivales le hayan dado aire mientras estaban centrados en sus congresos internos, el principal reto que Illa se fijó en los primeros pasos del mandato y que no ha logrado alcanzar es el de tener unas cuentas aprobadas antes de comerse las uvas.
Lo más importante que cree haber logrado el Govern hasta ahora es haber dado carpetazo a la agenda del ‘procés’ y situado el debate en las carpetas clásicas de la agenda material. No queda ni rastro de la reivindicación del referéndum ni del discurso de confrontación con el Estado, al mismo tiempo que Illa se ha encargado de rehacer vínculos con el Rey y de exhibir sintonía con la Moncloa. “Hemos pasado del Carnaval a la Cuaresma”, resumen en Palau para explicar que la legislatura es queridamente monótona para centrarse en la gestión después de años de política trepidante.
Acuerdos en juzgados y Mossos
En estos casi cinco meses como president, se ha situado el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones que manifiesta la ciudadanía, en el corazón del discurso público con el plan de construir 50.000 pisos asequibles hasta 2030. Pero Illa también le ha hecho un sitio al de la seguridad, que también se cuela puestos del ránquig de inquietudes. De hecho, los dos primeros grandes acuerdos que ha sellado con el Gobierno de Pedro Sánchez son cinco juzgados más para Barcelona para hacer frente a la multirreincidencia y el crecimiento del cuerpo de Mossos hasta los 25.000 agentes.
En camino de formalizarse en enero está también que la policía catalana asuma la seguridad en puertos y aeropuertos, un anuncio fruto de lo que negoció el anterior Govern de ERC y que hizo Illa el miércoles pasado para tratar de aplacar las críticas de los independentistas por la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el sistema de emergencias del 112. Esa novedad supone una enmienda a lo inicialmente anunciado, porque el pasado 5 de diciembre la consellera de Interior, Núria Parlon, rechazó asumir más funciones por falta de agentes. El president matizó también, en el caso del 112, que los cuerpos estatales “no ganarán competencias” porque no recibirán avisos que “no les correspondan”.
El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, dirigiéndose a Salvador Illa en el hemiciclo / David Zorrakino / Europa Press
En vísperas de empezar a negociar los presupuestos, el president trata de limar todas las asperezas posibles con los republicanos, de la misma manera que mima el flanco de los Comuns con concesiones como la puesta en marcha del régimen sancionador para quienes incumplan los topes de los alquileres fijados por la ley de vivienda.
Dos rectificaciones
Esta ha sido la medida que más polvareda ha levantado del Govern de Illa, junto a la de que las materias de Literatura Catalana y Literatura Castellana dejarían de ser materias de modalidad en segundo de bachillerato. Esto último se llegó a comunicar a los centros educativos el pasado lunes por la noche, pero tras el revuelo generado fue rectificado en cuestión de horas por la consellera de Educació, Esther Niubó, que al día siguiente compareció para anunciar que las dos asignaturas son una “línea roja” y que, por tanto, se garantizará que ambas literaturas se mantengan como materias de modalidad.
Estos dos episodios evidencian cómo la oposición empieza a levantar cabeza hurgando en la minoría con la que gobierna el ejecutivo. De hecho, Illa no esconde, e incluso reivindica, que parte de su plan de Govern bebe de lo heredado y pactado con ERC. Paradigma de ello es la defensa de la financiación singular, que el president ha situado también en el corazón de su hoja de ruta a sabiendas de que esta ejerce de argamasa de la mayoría de la investidura. Sin concreciones en esta gran promesa, Oriol Junqueras ya ha advertido de que no dará oxígeno al Govern, motivo por el que la previsión de Illa es que el primer gran salto se dé en el primer trimestre en la bilateral Estado-Generalitat para dar rango de acuerdo entre instituciones lo que ahora es un pacto entre partidos.
[–>
En el ámbito legislativo el legado de ERC del que ahora bebe el Govern del PSC es evidente. Ha aprobado sin tocar ni una sola coma la ley de memoria democrática que diseñó el ejecutivo de Aragonès, ha dado luz verde al proyecto de ley para la erradicación del amianto antes de 2032, norma diseñada y aprobada el pasado mayo por sus predecesores en la Generalitat y, en el Parlament, la primera ley que ha echado andar con su tramitación es el Estatut de Municipis Rurals, que Illa definió como “uno de los mejores trabajos que hizo Aragonès”. En camino está ahora la proposición impulsada por ERC y los Comuns que llevará al PSC a eliminar los privilegios fiscales al Hard Rock, el proyecto que hizo descarrilar la anterior legislatura. Hay clásicos que nunca mueren por más que tengamos un nuevo año a la vuelta de la esquina.
Suscríbete para seguir leyendo