El Consell de Garanties Estatutàries, el órgano consultivo de la Generalitat que se pronuncia sobre la legalidad de los decretos y las leyes del Parlament, ha dictaminado este viernes que la norma de ERC y los Comuns que persigue retirar los beneficios fiscales al futuro casino del Hard Rock es constitucional, por lo que no ve problemas con que la Cámara catalana la apruebe próximamente. Es una decisión que han tomado todos sus miembros por unanimidad.
El Parlament aprobó la tramitación de esta ley a principios de diciembre y la idea de sus impulsores era darle luz verde definitivamente en el último pleno antes de acabar el año. Sin embargo, todo quedó paralizado porque Junts decidió impugnar el contenido de la norma ante el Consell de Garanties. El partido de Puigdemont, firme defensor de que se construya el complejo de ocio Hard Rock, alegó que el cambio fiscal podía provocar “inseguridad jurídica” porque suponía cambiar a los promotores del proyecto las condiciones fiscales que habían pactado con la Generalitat en el pasado.
Además, los posconvergentes alegaron que la ley podía tener un “coste económico” para la Generalitat porque abría las puertas a que los promotores puedan presentar una demanda por el cambio de la fiscalidad. También criticaron que la norma podía suponer una estocada definitiva para el proyecto -que lleva 10 años en el tintero pendiente de concretarse- y que esto supondría un “afectación económica” negativa a las comarcas de Tarragona, ya que el complejo está proyectado en unos terrenos de los municipios de Vila-seca y Salou. Finalmente, censuraron que la Cámara tramitara el proyecto por la vía de máxima urgencia cuando, a su juicio, el calado de la ley merecía un procedimiento habitual.
Certeza en el ordenamiento
Las consideraciones de Junts no han sido atendidas por el Consell de Garanties, que considera que no hay motivos para sostener que la ley vulnere el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución. La ley propuesta por ERC y Comuns persigue devolver los impuestos al juego del futuro casino al 55% y, por lo tanto, dar marcha atrás a la rebaja al 10% que se aprobó hace 10 años en el propio Parlament. La norma se tramitó gracias al apoyo decisivo del PSC.
En su dictamen, el Consell no solo rechaza que haya una vulneración a la seguridad jurídica, sino que establece que la ley impulsada por ERC y Comuns da “certeza al ordenamiento” jurídico porque “resuelve las dudas” que había sobre la regulación fiscal que se hizo a medida del Hard Rock en 2014. Así, el órgano consultivo concluye que, de “acuerdo con el principio democrático”, el legislador -o sea el Parlament- puede modificar las leyes que considere siguiendo los principios de legalidad. El Consell también descarta el argumento de Junts de que la ley vulneraba el principio de confianza legítima entre la Generalitat y el Hard Rock.
Los equilibrios del Govern
El Govern del PSC ha tratado de hacer equilibrios en las últimas semanas para justificar la retirada de los privilegios al macrocomplejo después de años defendiéndolo e incluso poniéndolo como condición ‘sine qua non’ para aprobar los presupuestos de Pere Aragonès en el año 2023. Se trata de la pista de aterrizaje pactada con ERC y con los Comuns dentro del acuerdo para el ‘sí’ a la investidura de Salvador Illa.
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Según los socialistas, deshacer los beneficios fiscales a los casinos que “no tiene por qué” desincentivar a los promotores del proyecto, además de recordar que desde la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica se sigue trabajando para aprobar el plan director urbanístico (PDU). No tramitarlo, asegura, se podría considerar prevaricación. “El Govern no está ni facilitando ni obstaculizando el Hard Rock”, resumió la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, navegando entre esas dos aguas.