El Gobierno afronta una cuesta de enero más empinada que nunca, y que es en realidad el preámbulo de un 2025 con muchas curvas. Los dos retos a a corto plazo consisten en sacar adelante unos Presupuestos, que supondrían un salvavidas para agotar la legislatura hasta 2027, pero sobre todo recomponer la mayoría que hizo presidente a Pedro Sánchez. Poco más de un año después de la investidura, el bloque da signos de descomposición, con PNV y Junts avalando tesis del PP en distintas votaciones parlamentarias. De esta suma de mayorías dependerá también la capacidad de acción del Gobierno y el plantel de reformas anunciadas y que están todavía pendientes de aprobarse. Todo ello con un paisaje marcado por el asedio judicial, con casos que implican a personas extremadamente próximas a presidente, desde el que fuera su mano derecha en el Gobierno, José Luis Ábalos, a su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Salvo en el caso de Ábalos, a quien apartó del Gobierno sorpresivamente, Sánchez se ha echado a las espaldas la férrea defensa de todos ellos, asumiendo también su desgaste.
La clave de bóveda del Gobierno será recomponer la mayoría. En 2025 Sánchez deberá hacer nuevos equilibrios para contentar a todos sus socios, desde el ala más progresista como Podemos, a la más liberal, como los nacionalistas vascos y los posconvergentes. El primer paso se dio en el último Consejo de Ministros del año fue en esa dirección: allí se aprobaron medidas de carácter social como la prórroga de las subvenciones al transporte para contentar a los primeros, pero también se aplacó a los segundos desclasificando documentos del CNI sobre los atentados de Cambrils, como estaba acordado.
En las próximas semanas se buscará aplacar los ánimos de Junts, uno de los socios más beligerantes, con el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos, como el de hacer efectiva la cesión de competencias de inmigración a Cataluña. Un acuerdo que presenta ciertos escollos, ante la exigencia de Junts de que sea un traspaso «integral» y las limitaciones que impone la Constitución. Otro de los pactos es llevar el catalán a las instituciones europeas, una misión que ha sido encomendada al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero que debe contar con el consenso de los Veintisiete.
El Ejecutivo intentará recuperar la sintonía con el partido posconvergente y con este objetivo es más que probable en 2025 la foto del presidente de Gobierno con Carles Puigdemont. El expresident, prófugo de la justicia española, dio sus siete votos a la investidura del presidente a cambio de una ley de amnistía que se aprobó definitivamente en mayo pero que a día de hoy no se ha aplicado y que sigue pendiente del Tribunal Constitucional, que prevé resolver en primavera. Junts culpa al Gobierno de la falta de aplicación mientras crece la desconfianza por no ver cumplida su principal máxima.
Dos frentes: Puigdemont y Podemos
El propio Puigdemont ha reclamado a Sánchez una reunión en persona para concederle una «amnistía política», que sería la rehabilitación para la vida institucional y la homologación a otros dirigentes políticos. El presidente no ha dudado ya en homologarle de facto, avanzando su intención de reunirse con todos los líderes de los partidos que le sustentan, incluyendo aquí al expresident huido. Pero la duda es cuándo tendrá lugar la foto. Después de que el PSOE lleve un año manteniendo reuniones mensuales con Puigdemont -el número tres, Santos Cerdán, es quien acude en representación-, ahora deberá ser el presidente quien acuda a la cita en el extranjero. Y esa foto es condición de posibilidad para poder armar una mayoría que permita aprobar los Presupuestos.
Los planes de Moncloa pasan por alcanzar un acuerdo en abril sobre las cuentas, aunque comienzan a desligar el éxito de su empresa de la continuidad de la legislatura. En 2024, renunció a llevar siquiera al Congreso el proyecto presupuestario por el adelanto electoral en Cataluña, pero en esta ocasión la intención es llevarlas, aunque decaigan. Ese es al menos el compromiso que adquirió con Sumar, que ve en los Presupuestos una oportunidad para intentar sacar cabeza y rentabilizar políticamente las medidas progresistas, después de encadenar varias crisis y de una gestión que le ha llevado a quedar invisibilizado en el Consejo de Ministros. Renunciar de nuevo a las cuentas supondría un varapalo para el socio minoritario de coalición, aunque en las filas socialistas hay quien ya da por amortizado a Sumar y vuelve a mirar a Podemos como actor principal en la izquierda.
El partido morado ha cobrado relevancia en los últimos meses, tras endurecer sus posiciones hacia el Gobierno. Con solo cuatro votos, viene amenazando con tumbar los Presupuestos si no cumplen dos de sus condiciones, la ruptura de relaciones con Israel y la bajada del 40% de los precios del alquiler. La formación prepara la vuelta de Irene Montero a la política nacional después de denunciar su «exilio» en el Parlamento Europeo tras ser vetada en las últimas generales por Sumar. En verano Podemos afrontará su asamblea y está por ver si la eurodiputada toma las riendas de la formación, aunque la meta principal es que vuelva a ser el referente de la izquierda más allá del PSOE como candidata en las próximas elecciones.
La dureza que ha venido mostrando Podemos ha elevado la tensión en Moncloa, donde han intentado reconducir las relaciones haciendo concesiones puntuales. Pero con asuntos encallados como el fallido impuesto a las energéticas, que no tiene visos de salir adelante. Sin él, Podemos ya ha avanzado que hará descarrilar en el Congreso la tasa al diésel que prepara el Ministerio de Hacienda para este enero, y que prevé aumentar los niveles de recaudación, como exige Bruselas.
Reformas pendientes
Enero también será el mes que ha fijado Yolanda Díaz para aprobar su medida estrella, la reducción de la jornada laboral, que lleva un año en negociación, que ya se ha firmado con los sindicatos y que prevé aplicarse en gradualmente en 2025, aunque las tensiones entre los socios de Gobierno aún dejan en el aire el texto definitivo, que no se ha aprobado en Consejo de Ministros. Tampoco está garantizada su aprobación en el Congreso, al depender de nuevo de dos fuerzas conservadoras como son PNV o Junts. La caída de esta norma supondría un golpe en la línea de flotación para Sumar, que la ha equiparado a la reforma laboral de 2021. En aquella ocasión Díaz aseguró que hubiera dimitido si no se hubiera aprobado -salió adelante por el error de un diputado del PP-. En esta ocasión, el desenlace de la norma podría estar también estrechamente vinculado al futuro político de la vicepresidenta segunda.
Después de cerrar el año legislativo menos productivo en periodo no electoral, el Gobierno tiene pendiente llevar adelante varias reformas, que también dependen de esa mayoría en el Congreso. Una de las más importantes y urgentes es el pacto sobre inmigración después de la crisis migratoria sufrida en Canarias, con el aumento de llegadas irregulares a sus costas en 2024. La falta de entendimiento entre PSOE y PP ha bloqueado la posibilidad de acuerdo, y mientras unos y otros se culpan por este bloqueo -mientras los primeros acusan a los segundos de levantarse de la mesa, los segundos ven falta de voluntad y una estrategia para tumbar el Gobierno de Canarias que comparten con los nacionalistas canarios. Mientras tanto, el presidente Fernando Clavijo clama por un decreto ley que reforme el artículo 35 de la ley de extranjería que permita repartos automáticos entre distintas regiones y alivie la altísima presión migratoria. El Gobierno se resiste a un decreto de estas características, al no tener garantizada su aprobación después en el Congreso.
Otra de los grandes proyectos que el Gobierno deberá resolver y que quedó varado en 2024 es la ley del suelo, que el Ministerio de Vivienda tuvo que retirar poco antes de la votación al no tener asegurado siquiera el voto favorable de Sumar, su socio de Gobierno. La crisis de vivienda ha convertido en urgentes las reformas que permitan una nueva ordenación urbanística que abra posibilidades de aumentar la oferta y aliviar la presión del mercado. Los planes de Moncloa en 2025 pasan por fijar la vivienda como prioridad con una nueva empresa pública de vivienda pero lo cierto es que esta reforma, de altísima importancia para las administraciones locales, sigue a día de hoy varada.
Reforma judicial y registro de medios
El Gobierno también prevé aprobar en 2025 una nueva la ley de enjuiciamiento criminal. Así lo expresó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en su balance de fin de año con el argumento de modernizar y adecuar la legislación al marco europeo. Uno de los elementos de esa eventual reforma, y que genera más recelos, es que los fiscales se hagan cargo de la instrucción, la fase de investigación que hasta ahora asumían los jueces.
Este año será también el de las leyes relativas a los medios de comunicación, después de que el Consejo de Ministros aprobase a mediados de diciembre un anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. El propósito de esta ley, según el Gobierno, es asegurar que los ciudadanos afectados por noticias falsas o bulos puedan ejercer su derecho a la rectificación, incluyendo por primera vez a los ‘influencers’, y se enmarca en el ‘Plan de Acción por la Democracia’.
Este plan fue anunciado por el propio Sánchez después de los cinco días de reflexión que se tomó en abril, cuando hizo un parón en su agenda pública después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al cabo de esos días, el presidente anunció su continuidad al frente de la Presidencia del Gobierno pero se presentó como víctima de una persecución de jueces y periodistas, anunciando un plan de acción que incluía medidas en ambas direcciones. La nueva ley de enjuiciamiento criminal y la ley del derecho a rectificación responden a aquellas medias.
Pero el plan recogía más propuestas que irán viendo la luz a lo largo de este año, como la reforma de la Ley de Publicidad institucional para cambiar los criterios de reparto de subvenciones públicas a medios de comunicación; y la trasposición de un reglamento europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Con el pretexto de la norma europea, el Gobierno anunció la elaboración de «un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad» ante la necesidad de hacer «política mediática», según anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
En esa norma el Gobierno fijará los criterios que definen qué es un medio de comunicación de lo que el Ejecutivo ha venido a llamar «pseudomedios». Para ello, se anunció la creación de un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, y que elaborará y dirigirá la Comisión nacional de los mercados y la Competencia (CNMC). El Ministerio de Transformación Digital de Óscar López será el encargado de pilotar estas reformas.
Frentes judiciales
Las medidas del plan de regeneración democrática prevén cristalizar en un momento de asedio judicial, en que figuras próximas al presidente de Gobierno tienen abiertos distintos frentes en los tribunales, y después de que el propio Pedro Sánchez haya denunciado una persecución judicial con objetivos políticos, poniendo en duda el papel de los jueces. La primera de las causas es la que afecta a su mujer, Begoña Gómez, que ya declaró por presunto delito de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y que empleó una asesora de Moncloa para sus negocios privados. Su hermano, David Sánchez, también deberá declarar en enero junto a distintos cargos de la Diputado de Badajoz, enrte ellos el líder del PSOE en Extremadura, para esclarecer la condiciones del contrato al familiar del presidente. En ambos casos, Sánchez ha denunciado estas causas como un intento de persecución política, mediática y judicial, y se ha dibujado como víctima, defendiendo en todo momento la inocencia de sus familiares.
La tercera de las patas es la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos tras ser acusado de filtrar comunicaciones confidenciales entre la fiscalía y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La investigación ya ha implicado a varios cargos de Moncloa, entre ellos dos ex secretarios de Estado de Comunicación y una asesora del Gobierno. El presidente de Gobierno ha defendido en primera persona a García Ortiz y en su última comparecencia aseguró «la confianza del gobierno de España en su fiscal general del estado«. Una afirmación que ha despertado las críticas da la Asociación de Fiscales.
Distinto es el caso Koldo donde el principal afectado es José Luis Ábalos, ex número tres del PSOE y quien fuera mano derecha de Sánchez en el Gobierno. Después de ser relevado en el Consejo de Ministros de manera sorpresiva, el Gobierno trata de limitar a su figura la responsabilidad del Gobierno en la trama, por la que se investigan mordidas a cambio de contratos públicos en los que también mediaban su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
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En enero el Congreso aprobará con los votos del PSOE el suplicatorio para que el Tribunal Supremo pueda investigar a Ábalos, que se resistió a dejar su escaño. Si bien el exministro socialista no ha dado señas de cargar la responsabilidad sobre sus excompañeros, la estrategia de defensa de Aldama y sus últimas declaraciones sí apuntan directamente a varios cargos destacados del Partido Socialista como el ministro Ángel Víctor Torres, Francina Armengol o Santos Cerdán. Las resoluciones judiciales de todos estos casos podrán despejar o complicar en 2025 el futuro de Sánchez en Moncloa.