Madrid enfría las prisas de Canarias y Euskadi en sacar adelante el reparto extraordinario de menores migrantes y sigue insistiendo en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que bloquea, principalmente, el PP. Han pasado ya tres semanas desde la celebración de la Conferencia de Presidentes y el envío al Estado del documento elaborado por el presidente regional, Fernando Clavijo, y el lehendakari Imanol Pradales, para la distribución extraordinaria y urgente de menores migrantes entre las comunidades autónomas, para aliviar a los territorios con mayor presión, y el Ejecutivo canario sigue sin tener una respuesta clara del Estado.
Por ello, este jueves Canarias y Euskadi decidieron no esperar a que el Gobierno de España tome la iniciativa y remitieron una carta a las comunidades para recabar su apoyo a esta propuesta de reparto, pese a que en la reunión de la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de diciembre, donde se presentó, no hubo acuerdo.
Aliados en la comunidades autónomas
Ahora Clavijo confía en que las comunidades la estudien al detalle y se adhieran para hacer presión ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Quieren que se aplique esta medida extraordinaria en un plazo no superior a tres meses con la figura jurídica oportuna –plantean un real decreto ley-, e inmediatamente después que sea la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la que retome un debate más sosegado para llegar a acuerdos sobre la reforma de la ley de extranjería.
Pero el Gobierno de España no las tiene todas consigo con esta solución de urgencia de Canarias y Euskadi. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegura que el texto “cambia absolutamente todo” lo que se había negociado durante un año con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería , y duda que tenga el apoyo de Junts, como asegura Clavijo. “Si Junts lo apoya que nos lo manifieste”, expresó Torres en la Cadena Ser.
A su juicio, una medida extraordinaria de este tipo es “complicada” porque la competencia en menores es de las autonomías. Desde su entorno indican que las comunidades podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Torres ha pedido informes sobre la viabilidad de esta propuesta, que condiciona además a lo que pueda acordarse en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que la ministra del área, Sira Rego, tiene intención de convocar este mes, quien también defiende que la apuesta del Gobierno es la reforma de la ley de extranjería. En la misma línea se mostró este viernes su compañera Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que evitó valorar la propuesta planteada por Clavijo y Pradales, para el reparto de los menores migrantes, pero garantizó que el Gobierno “no va a parar” hasta lograrlo.
Negociación con Junts
De hecho, el Ejecutivo central también negocia una fórmula alternativa con Junts, formación que bloqueó junto al PP y Vox el pasado julio que la reforma del la ley de extranjería se tramitara en el Congreso. “Se puede avanzar en un acuerdo con Junts, porque al ser una distribución territorial fundamentalmente por el número de habitantes, hay comunidades autónomas que, con carácter previo, ya han hecho un esfuerzo e incluso pueden llegar a un cierto alivio en sus sistemas de acogida”, como pasaría con Cataluña, explicó Sira Rego recientemente.
Gresca política
Con ello, podrían obtener los siete votos catalanes para aprobarla la reforma en el Congreso. En cualquier caso, el PSOE sostiene que el PP no quiere llegar a acuerdos en el reparto de menores se ponga la alternativa que se ponga sobre la mesa, y el PP achaca al PSOE que carece de una verdadera política migratoria.
Mientras tanto, Clavijo se desespera y censura la actitud de ambos partidos, aunque su socio de gobierno sea el PP, formación que en las Islas defiende el reparto de menores propuesto por el Ejecutivo canario, incluso la reforma de la ley de extranjería, pero se topa con el rechazo de su dirección federal.
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Lo que parece subyacer en todo este enfrentamiento político es la negativa de las comunidades a acoger obligatoriamente a los menores migrantes que llegan a los territorios frontera como Canarias, que ya tutela en solitario a más de 5.800 niños y niñas. Y como muestra, el incumplimiento del reparto voluntario acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia. Comunidades como Baleares, Cantabria, Valencia, Murcia o La Rioja no han acogido a ningún menor en tres años de forma voluntaria. Otras regiones como Andalucía, que ya recibe a menores por sí misma, Castilla-León y Galicia sí cumplen.
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