Uno de los puntos contenidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez, dado el reconocimiento de la existencia de una gran desconfianza mutua entre ellos, fue dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tuviese las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso negociador y de los acuerdos entre ambas formaciones. Este mecanismo se concretó en la designación de un mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez que ha asistido a los distintos encuentros, también a la reunión que mantuvieron el viernes pasado en Suiza ambos partidos y a la que asistieron el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Juan Manuel Serrano por parte socialista y por parte de Junts, Jordi Turull, su secretario general, Núria Nogueras, portavoz en el Congreso y el ex presidente de la Generalitat y nuevamente presidente de Junts, Carles Puigdemont.
Y a pesar de que por parte de ambas delegaciones se ha tratado de dar normalidad al encuentro lo cierto es que esa reunión y todo lo que implica no tiene nada de normal en un contexto democrático. No es normal que un gobierno negocie y dependa de un prófugo de la justicia española. Así era antes de la amnistía, concedida además por necesidad y no por convicción y con muchas deficiencias según la opinión de la Comisión de Venecia, y así seguirá siendo mientras la justicia o el Tribunal Constitucional no declaren lo contrario o el gobierno se decida por indulto anticipado. No es normal que un gobierno democrático negocie su supervivencia en el extranjero. No es normal que uno de los representantes del gobierno sea alguien que no ocupa ninguna posición orgánica en el partido o un puesto institucional por mucha relevancia que pueda haber tenido Rodríguez Zapatero en el pasado. Y por descontado no es normal que a esa reunión entre representantes de partidos legales y con representación parlamentaria deba asistir un mediador internacional.
Pero lo más insólito de todo es que, a pesar de que el mediador reconoce que los acuerdos adquiridos no se han materializado, que es justamente de lo que Junts quería dejar constancia a través del mediador, como si ello hiciese falta para constatarlo, se ha permitido dejar de hacer de mediador y empezar a actuar de parte. Y lo ha hecho solicitando a Junts la retirada de la proposición de ley que insta al presidente del gobierno a someterse a una cuestión de confianza y que debe votarse esta semana. El mediador considera que ello daría lugar a un retroceso difícil de superar que podría frenar los avances e ignora que la tramitación de esa iniciativa fue una nueva concesión del PSOE a Junts para salvar algunos aspectos del decreto ómnibus. Porque lo que tampoco puede considerarse normal es que se llegue a un acuerdo para salvar una bola de partido y una vez salvada, quien se ha beneficiado de ello, pretenda volver a la casilla de salida. Ante tal volumen de anomalías pudiera que este tipo de prácticas se ha institucionalizado pero no porque se den a menudo hay que legitimarlas y mucho menos hay que darlas por buenas. Más bien al contrario, hay que denunciarlas como la anomalía democrática que son.
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