El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, que instruye la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y otros implicados en el caso Koldo, ha requerido informes a una entidad financiera y a la Agencia Tributaria sobre el exministro de Transportes y la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), a la que ahora diputado del grupo mixto atribuye sus dos propiedades en Perú, como había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe sobre su patrimonio y el de su hijo Víctor que pidió el pasado 4 de febrero.
El juez ha adoptado esta decisión tras la recepción del preceptivo informe de la UCO que ha tenido que ser corregido este mismo jueves por los agentes que atribuyen a la “extrema semejanza entre el símbolo representativo de los pesos colombianos y el del dólar americano que aparecía en el documento” haber valorado en 2,1 millones de euros una propiedad en Colombia cuando en realidad costó 751. No obstante, fuentes próximas al entorno del exministro cifraban en 8.000 euros lo pagado en la adquisición y en 16.000 por lo que se vendió 10 años después.
Para el juez resulta más que razonable “proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias que Ábalos resulta o resultó ser titular, así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la Fundación en la que tuvo activa intervención, en el sentido interesado por la fuerza actuante, al fin y efecto de comprobar, primeramente, si se han producido en aquellas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan”. También “deberán analizarse las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas” al exministro.
Para el magistrado “no hay otro modo de conocer estas realidades y, en esa medida, las diligencias interesadas resultan, a juicio del instructor, además de pertinentes, necesarias, útiles y proporcionadas” con los hechos que se investigan y que, en su opinión, “colmarían las exigencias de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos“.
Comprobar comisiones
Como proponía la UCO, los datos se recabarán desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, al considerar preciso extender las pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en conocimiento y relación con el empresario Víctor de Aldama, y con Koldo García, “en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas” del exministro.
Señala que así se sabrá si tenía una “mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, prima facie, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente de Aldama, tal y como este sostiene” en concepto de comisiones. La resolución en este sentido no solo cita lo declarado por el considerado “nexo corruptor de la trama”, sino también lo dicho por su socio Luis Alberto Escolano, la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez y la empresaria Carmen Pano, imputada en el fraude de hidrocarburos y quien dice haber llevado dinero a la sede socialista de Ferraz.
Incluso recuerda que el propio Ábalos “admitió también que, en ciertas oportunidades, quien fuera su asesor, Koldo García, llegaba, incluso y por sorprendente que pueda resultar, a efectuar con su propio patrimonio pagos que correspondían” al exministro, “quien, posteriormente y según este explicó, se los reembolsaba”.
Para acceder a los datos el magistrado se dirige a Caixabank, que es la entidad en la que Ábalos disponía de cuentas como titular o autorizado, para recabar información sobre ellas y los productos bancarios y financieros o cajas de seguridad contratados, así como “todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas”.
En el caso de cobro de cheques, también pide que se informe de la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo. E información sobre las transferencias nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo por importe superior a 300 euros, y que la UCO informe sobre nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación y ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios.
También se aprueba mandamiento judicial dirigido al órgano oportuno de la Agencia Española de la Administración Tributaria para que aporte el correspondiente informe de suministro a los juzgados de Ábalos y la fundación Fiadelso y para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos, para lo que también pide al Servicio de Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana copia de toda la documentación que obre en su poder en relación con la fundación.