El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a los Juzgados de Instrucción de Madrid 15 minutos antes de la hora a la que había sido citado por la juez Inmaculada Iglesias, portando una carpeta con documentos en los que se apoyará durante su declaración como investigado este jueves.
Comparece en calidad de investigado por delitos de corrupción entre particulares y administración desleal en la pieza separada que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón. El empresario solicitó ir a declarar voluntariamente por estas nuevas acusaciones tras el aval obtenido por parte de la Audiencia Provincial de Madrid a esta pieza separada.
La investigación a González Amador por presunta corrupción en los negocios se centra en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L., una empresa pantalla según la Fiscalía que éste compró en diciembre de 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, cuando todavía se llamaba Círculo Belleza. Se trataba de una dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética que fue adquirida por 499.836 euros y que, según la inspección Tributaria, no tenía inmuebles o empleados — su activo material se limitaba a un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal– y el empresario cambió su nombre por el de Masterman.
Según las sospechas de la Fiscalía, la pareja de Díaz Ayuso habría utilizado Masterman como “sociedad pantalla” para tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda, que es precisamente la conducta que dio origen a la causa abierta contra el empresario hace ahora un año por parte de la jueza de instrucción de Madrid Inmaculada Iglesias.
Pero además, el Ministerio Público apunta que esta sociedad pudo servirle al empresario para ocultar ingresos procedentes de Quirón y el presunto pago de comisiones encubiertas, que es lo se investiga en la pieza separada como posible delito de corrupción en los negocios y administración desleal. Para la defensa del empresario, si la acusación pretende sostener que los beneficios no declarados al fisco tuvieron un origen ilícito se anularía la causa por fraude, pues no serían cantidades por las que debiera pagar impuestos.