Los Alcázares, España – Después de tres décadas de operación, un popular “Chiringuito” (Beach Bar) en Los Alcázares está siendo desmantelado después de una orden judicial, poniendo fin a una prolongada batalla legal con el consejo municipal local. El establecimiento de la playa había estado operando sin una licencia municipal válida, lo que significa que no pagó alquiler ni tarifas por su uso de tierras públicas.
La disputa culminó recientemente con una orden judicial que obligó a los propietarios a cerrar el quiosco frente al mar y eliminar su estructura. Esta decisión allana el camino para un nuevo concesionario, que ha esperado dos años, para finalmente construir su propio bar de playa en la trama ahora vacante.
La saga se intensificó en junio pasado cuando los trabajadores municipales intentaron cumplir con un aviso de desalojo, solo para recibir el rechazo de los propietarios. Luego, el Ayuntamiento informó al juez de la obstrucción, lo que llevó a la última orden judicial para el desmantelamiento. “Los propietarios lo están haciendo, que es la mejor manera, siempre preferible a la demolición”, dijo el alcalde Mario Pérez Cervera.
Los propietarios habían argumentado constantemente en contra de la legalidad del desalojo, apelando al Tribunal Administrativo de Cartagena. Sin embargo, en noviembre de 2024, el tribunal negó su solicitud de una suspensión de precaución de los procedimientos de desalojo, una decisión reiterada tras la apelación. El precario estatus legal del bar de playa se volvió insostenible cuando el Ayuntamiento inició una licitación pública para regularizar las concesiones de los quioscos en tierras municipales.
El alcalde Cervera explicó que nueve quioscos a lo largo del paseo marítimo habían estado operando de manera irregular durante años. “Todos los bares de playa estaban en una situación precaria”, dijo. “En 2021, los técnicos proporcionaron un informe que destacaba la situación irregular: los bares de playa en tierras municipales operaban en tierras públicas que enfrentan el mar sin pagar nada, lo cual es una competencia injusta para otros restauradores”.
Los propietarios anteriores se negaron a presentar solicitudes para los nuevos permisos de ocupación de tierras, afirmando que ya poseían un permiso válido, y posteriormente presentó quejas contra miembros del gobierno local y funcionarios municipales. El Ayuntamiento ve la negativa constante del Tribunal a detener el procedimiento y su orden de desmantelar como validación de sus acciones.
La nueva licitación para estas concesiones municipales de la barra de playa requiere una operación durante todo el año, con horas específicas para temporadas altas y bajas, y exige el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales. Esto incluye iluminación de eficiencia energética y proporcionar contenedores reciclables para evitar la basura en las playas. Los operadores también deben contribuir al mantenimiento de los baños públicos y organizar actividades culturales, deportivas, culinarias o ambientales.
El próximo año, se abrirá una licitación separada para otros bares y quioscos de playa ubicados dentro del dominio público marítimo-terrestre, que cae bajo la jurisdicción de la autoridad costera y cuyos contratos expiran en 2026.