La fiscalía ha mantenido su solicitud de pena de seis años y medio de prisión para el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, al concluir el jueves su juicio por fraude fiscal y falsificación de documentos comerciales.
El caso, visto en el Palacio de Justicia de Orihuela, ha quedado ahora aplazado para sentencia. Vegara fue juzgado junto a tres ex socios comerciales y un intermediario por transacciones realizadas a través de la empresa de inspección vehicular de Vega Baja, Estación ITV Vega Baja, en 2004 y 2005, años antes de ingresar a la política local.
Los fiscales alegan que la empresa ITV gastó aproximadamente 1,4 millones de euros en 2005 en la compra de 100.000 agendas promocionales para sus clientes. Esta suma representa alrededor de una cuarta parte de los ingresos anuales de la empresa y supera sus costes de personal.
Las agendas se facturaron a ITV a 17 euros cada una, a pesar de haber pasado por una cadena de proveedores a precios considerablemente inferiores. Según la acusación, el mayorista original cobraba 1,31 euros por diario. Posteriormente, el precio aumentó a 1,56 euros y luego a 1,97 euros antes de alcanzar los 17 euros en las facturas emitidas por la empresa intermediaria Oricofi.
La fiscalía calificó el precio final de “exorbitante”, “poco realista” y “completamente injustificable”, argumentando que fue inflado artificialmente para aumentar los gastos deducibles y reducir las obligaciones del impuesto de sociedades y del IVA de la empresa.
Los fiscales no cuestionan que los diarios existieran o fueran entregados. En cambio, alegan que el precio registrado en tres facturas era falso y que dichas facturas fueron incorporadas a las cuentas y declaraciones de impuestos de la empresa.
Según la fiscalía, el gasto inflado permitió a ITV reclamar más IVA soportado y al mismo tiempo reducir sus beneficios declarados y su factura del impuesto de sociedades. El supuesto impuesto impagado asciende aproximadamente a 645.000 euros, de los que 157.396,80 euros son de IVA y 488.990,50 euros de Impuesto sobre Sociedades, más intereses.
La Fiscalía y la Fiscalía del Estado piden seis años y medio de prisión para cada acusado: tres años por defraudación del IVA y tres años y medio por defraudación del Impuesto sobre Sociedades. También exigen multas por un total de más de 3,5 millones de euros, incluidos 2,93 millones de euros relacionados con el impuesto de sociedades y 629.587 euros por la supuesta infracción del IVA.
La fiscalía atribuye la emisión de las facturas al administrador de Oricofi, Vicente Casanova. Alega que Vegara y sus compañeros directores de ITV María del Carmen Cutillas y Ricardo Pérez fueron participantes necesarios porque aceptaron a sabiendas las facturas y las utilizaron en las declaraciones contables y fiscales de la empresa.
Aunque los imputados sostuvieron que Ramón Pérez Casos, uno de los fundadores de la empresa, controlaba sus decisiones, los fiscales se basaron en pruebas de un exgerente administrativo y contable. Dijo al tribunal que los tres directores ejercían una autoridad genuina, tomaban decisiones y, en ocasiones, discutían entre ellos.
La fiscalía también destacó cómo algunos pagarés emitidos por ITV a Oricofi supuestamente fueron cobrados o retirados casi de inmediato. Argumentó que esto era consistente con una facturación fraudulenta y sugirió que parte del dinero se devolviera posteriormente a personas relacionadas con el negocio de ITV.
Sin embargo, los abogados defensores pidieron la absolución de los cinco acusados. Sostuvieron que el caso se refería a una verdadera transacción comercial que involucraba bienes que fueron entregados y pagados. En su opinión, una disputa sobre si el precio era excesivo no significa que las facturas sean falsas.
La defensa sostuvo que el asunto debería haberse abordado mediante un ajuste tributario administrativo y no mediante un proceso penal. Los abogados dijeron que los intermediarios tienen derecho a comprar bienes a un precio único y revenderlos para obtener ganancias, incluso cuando el aumento es sustancial.
También alegaron graves errores de procedimiento y criticaron una investigación que continúa desde hace más de dos décadas. La defensa argumentó que el cargo del IVA había prescrito y que el prolongado proceso había socavado el derecho de los acusados al debido proceso.
En caso de que el tribunal emita un veredicto de culpabilidad, la defensa ha pedido que las penas se reduzcan significativamente debido a retrasos indebidos. Los jueces ahora considerarán las pruebas y los argumentos legales antes de emitir su fallo, un proceso que, debido a la complejidad y la larga historia, podría llevar varias semanas o incluso meses.