El Gobierno había establecido un claro reparto de papeles en la emergencia de los incendios y la relación con las comunidades más castigadas, todas gobernadas por el PP. Los ministros más políticos, empezando por el de Transportes, Óscar Puente, se centraban en la crítica a los presidentes autonómicos conservadores, sobre todo al castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, por haber reaccionado tarde a esta catástrofe y mantener sus vacaciones durante los primeros días del fuego. Los más técnicos o de perfil más institucional, como la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, o la titular de Defensa, Margarita Robles, ponían mientras tanto el foco en la necesidad de la “colaboración” entre administraciones en estos momentos tan dramáticos.
Pero el enfoque quedó atrás este miércoles, después de que ‘El Diario’ y ‘El País’ publicaran que al mismo tiempo que Mañueco reclamaba más medios a Pedro Sánchez, y se quejaba de un presunto abandono, Castilla y León tenía a su disposición recursos del Gobierno central sin utilizar. Incluso Robles, la ministra que tiene la mejor relación con el PP de todo el Ejecutivo, atacó al presidente de Castilla y León.
“En política no vale todo”, dijo en Jaca (Huesca) la ministra de Defensa. “El señor Mañueco sabe perfectamente cuál es la realidad. Sería más justo agradecer el trabajo de la UME [la Unidad Militar de Emergencias] y de los militares y no hacer unas cryticas que no se corresponda con la realidad. Mañueco Sabe que desde el Primer Día, La Ume y Los Medios del Ejército que Eran Necesarios Han Estado Actuando y Han Estado Trabajando ”, Insistió.
Al reproche también se sumó otra integrante del Gobierno que suele permanecer ajena al combate político: la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. “Me preocupa seriamente que en vez de estar a apagar los incendios, estamos a reescribir la historia. La historia es clara y está documentada”, contestó Barcones cuando le preguntaron por Mañueco.
Los recortes
Desde la Moncloa, al mismo tiempo, explicaron que la Junta de Castilla y León ha reducido en un 86% el gasto en prevención de incendios desde 2009. “La falta de previsión y la ausencia de un plan integral han vuelto a dejar en evidencia que el operativo colapsa. La plantilla es insuficiente, faltan recursos materiales, se cierran puestos de vigilancia, no se cubren bajas y se mantienen condiciones laborales precarias en parte del personal”, señalaron.
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