La Guardia Civil de Murcia ha descubierto una sorprendente estafa con residuos tóxicos después de que una empresa supuestamente pretendiera deshacerse de forma segura de materiales peligrosos con amianto, pero en realidad nunca los entregó a centros de reciclaje autorizados.
Los investigadores dicen que la empresa, con sede en Madrid, retiró paneles de fibrocemento que contenían asbesto de los sitios de construcción, cobró el precio completo por una “eliminación segura” y luego falsificó documentos de las plantas de reciclaje para que pareciera que los desechos peligrosos se habían manejado adecuadamente.
El plan sólo salió a la luz cuando una empresa constructora murciana empezó a sospechar. Después de pagar la retirada del amianto, la empresa solicitó la documentación habitual que acreditara que se había procesado el material peligroso. Lo que recibieron en cambio fue un certificado tan dudoso que provocó una denuncia oficial.
El SEPRONA, el brazo medioambiental de la Guardia Civil, lanzó la Operación Litterbug durante el verano. Los agentes descubrieron rápidamente que el supuesto centro de reciclaje nunca había recibido los residuos peligrosos y que el certificado de eliminación era totalmente falso.
Peor aún, los investigadores encontraron dos casos más que involucraban a la misma empresa de eliminación de desechos, lo que sugiere que el presunto fraude no fue un error puntual sino un patrón. En los tres casos, la policía dice que la empresa llevó a cabo la mudanza, se embolsó el dinero en efectivo, emitió documentos falsificados y luego desapareció, dejando a las empresas constructoras incapaces de recuperar los depósitos municipales obligatorios y asumiendo la responsabilidad legal.
Según los investigadores, la empresa anunciaba servicios de eliminación de amianto sin los permisos necesarios ni los planes de trabajo exigidos legalmente. Luego realizaron los trabajos sin seguir los protocolos de seguridad ni las evaluaciones de riesgos adecuadas.
El gerente de la empresa ahora ha sido investigado formalmente y enfrenta posibles cargos de fraude, falsificación de documentos y delitos ambientales. Fuentes de la Guardia Civil advierten que la mala gestión de residuos tóxicos no sólo pone en riesgo la salud pública sino que también causa graves daños reputacionales y económicos a las empresas víctimas.
Los funcionarios del SEPRONA dicen que la investigación permanece abierta mientras trabajan para descubrir el alcance total del presunto fraude de desechos tóxicos y determinar todas las responsabilidades penales y administrativas.