El Partido Popular (PP) recibió la sentencia hecha pública por el Tribunal Supremo (TS) por la que se inhabilita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya fuera de su cargo, por la comisión de un delito de revelación de secretos. En un comunicado remitido a los medios, el primer partido de la oposición subrayó que “la sentencia condena a la persona que presionó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón”. Los consideran populares el fallo hecho público por el tribunal del Alto semanas después de darse a conocer la condena -que cuenta como era conocida con dos votos particulares discrepantes- como una prueba de que “el Gobierno utiliza la Fiscalía, el CIS y todos los medios que tiene a su disposición para atacar al PP”.
Los de Alberto Núñez Feijóo aseguran que García Ortiz “actuaba bajo el amparo ya las órdenes del presidente del Gobierno”, algo que sustentan recordando la célebre pregunta que el jefe del Ejecutivo lanzó al aire durante una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) en 2019, cuando prometió traer de vuelta al fugado ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, cuatro años antes de la ley de amnistía. “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”, afirmó entonces el líder del PSOE, ya instalado en la Moncloa, como recuerda ahora Génova.
Para el PP, en definitiva”, ha confirmado hoy el Tribunal Supremo [por este martes] que el fiscal general de Pedro Sánchez es un delincuente con sentencia firme”. Con la sentencia ya dictada, los populares sostienen de nuevo que “el fiscal inhabilitado filtró un correo privado y además participó, como él mismo reconoció en el juicio, en la elaboración de una nota de prensa que incluía datos reservados. Delitos que le han convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en la historia de nuestro país”, algo que supone, afirman con sarcasmo, “otro hito de un Gobierno que prometió combatir la corrupción y la ha institucionalizado”.
“Eliminación de datos”
Entrando más en el detalle de la sentencia, el PP asegura que el TS “considera más que probados estos delitos”, y destaca el que la sentencia hable literalmente de la “eliminación voluntaria y consciente de datos” por parte de García Ortiz de su teléfono móvil, que el fiscal general justificó en la vista oral por razones de seguridad, sosteniendo que es algo que hace de manera periódica y rutinaria. Para los populares, en cambio, es una prueba de su culpabilidad, y en esa línea consideran que se trató de una “destrucción de pruebas” que “en absoluto fue un acto aislado, ya que, como apunta el Tribunal, fue coincidente con el borrado realizado por parte de la entonces número dos del Gabinete de Presidencia: Pilar Sánchez Acera”.
Se trata de la hoy número dos del ministro Óscar López en el PSOE de Madrid y quien, según pusieron de manifiesto los mensajes registrados en un notario por el senador Juan Lobato, tal y como desveló ABC, trasladó a éste la información que contenía el correo confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso para utilizarlo en la sesión de control de la Asamblea de Madrid.
En la misma comunicación a la prensa, el PP denuncia que “Moncloa y Ferraz no piden perdón a los españoles, sino que atacan a los jueces y afirman que no la comparten. Deberían estar al menos aliviados de no compartir la condena”. Para los conservadores, Sánchez y el PSOE “tratan de controlar la Justicia y acabar con la separación de poderes, pero esta sentencia confirma que España y los españoles tenemos una justicia independiente y que funciona, donde nadie, por muy fiscal general del Estado que sea, puede estar por encima de la ley”. Y por todo ello, vuelven a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, quien debería “seguir los pasos de su exfiscal”, afirman, “si tuviera un mínimo de dignidad”.
Suscríbete para seguir leyendo