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El grupo ecologista GOB Mallorca ha reiterado su denuncia pública por las ‘irregularidades detectadas’ en la licitación de servicios estacionales en las playas del municipio de Palma -temporadas 2026-2029- y ha reclamado a la Dirección General de Costas y Litorales que tome ‘medidas inmediatas para restablecer la legalidad y garantizar la transparencia’ en el proceso.
En un comunicado, el grupo ecologista explica que el Ayuntamiento de Palma presentó a información pública el proyecto de equipamientos estacionales con un estudio económico-financiero que establece tarifas unitarias máximas para servicios como tumbonas, sombrillas y hidropedales en el municipio. Sin embargo, añadió que el concurso publicado posteriormente en la Plataforma de Contratación del Sector Público incluía otro estudio económico con tarifas ‘mucho más elevadas’ e incluso elementos que no figuraban en el proyecto inicial, como tumbonas “premium” y sombrillas de lona a precios elevados.
El GOB considera que esta diferencia significa que las tarifas que podrían terminar aplicando los operadores serían superiores a las autorizadas y que ello ‘violaría las condiciones de la licencia que regula la operación de los servicios estacionales’.
Además, han criticado el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.6 del Reglamento General de Costas, que establece que los pliegos de licitación deben ser públicos y publicarse en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), garantizando los principios de publicidad, transparencia y licitación competitiva. Alegan que dicha publicación no se ha producido, lo que, a su juicio, constituye ‘una falta de garantías en un procedimiento que afecta directamente al uso del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre’.
Por todo ello, piden que se inicien expedientes de revocación de la autorización por incumplimiento de condiciones, que se cumpla estrictamente lo dispuesto en el artículo 113.6 del Reglamento General de Costas y que se revoque la licitación de servicios estacionales en las playas de Palma hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa y la transparencia del procedimiento.
El GOB concluyó destacando que el litoral y las playas son un bien común y que cualquier explotación privada de servicios en suelo público debe estar sujeta a condiciones claras y coherentes con el proyecto presentado para información pública y con todas las garantías de transparencia para el público en general.