El PSOE ha pedido la dimisión inmediata del alcalde de San Fulgencio, José María Ballester, después de que la Fiscalía dictaminara que debía convalidarse la moción de censura bloqueada.
El informe del fiscal se centra en el pleno de junio de 2025, cuando una comisión por edades formada por dos concejales del Partido Popular paralizó la votación de una moción de censura presentada por el PSOE y un concejal independiente. Según la fiscalía, esa decisión impidió ilegalmente al grupo socialista ejercer su derecho a la participación política. Ahora se ha pedido al tribunal que valide el procedimiento de censura, una medida que podría desencadenar una nueva sesión plenaria y permitir finalmente que se lleve a cabo la votación.
El trasfondo de la crisis radica en el frágil equilibrio de poder creado tras las elecciones municipales de 2023. El PP obtuvo cinco escaños y formó una coalición con dos concejales de un partido local. En 2025, uno de esos concejales rompió filas y se puso del lado del PSOE, dejando a Ballester gobernando en minoría. Luego se hicieron dos intentos separados para destituirlo mediante mociones de censura, las cuales fueron suspendidas, a pesar de haber sido validadas formalmente por el secretario municipal.
Los líderes del PSOE dicen que esas suspensiones no fueron un accidente. El secretario general del partido Vega Baja, Joaquín Hernández, calificó la situación como “un abuso de poder deliberado” y advirtió que la continuación de la parálisis podría tener graves consecuencias personales para los implicados. Los socialistas ya han presentado una denuncia penal por presunta desobediencia relacionada con la segunda sesión suspendida, argumentando que se ignoraron repetidamente los procedimientos legales. Subrayan que si Ballester dimitiera ahora, ese proceso penal quedaría sin efecto.
El ex alcalde y actual portavoz socialista José Sampere fue más allá y calificó el asunto como “un verdadero secuestro democrático del Ayuntamiento”. Acusó al PP de optar por luchar en los tribunales en lugar de respetar la voluntad de la mayoría concejal, y advirtió que los servicios municipales y la administración diaria se están viendo afectados por ello. “La ciudad está efectivamente paralizada”, dijo, citando quejas de los residentes, proyectos estancados y un colapso de la confianza pública.
El PSOE sostiene que el daño va ahora más allá de la política partidista. Con una población de alrededor de 10.000 habitantes, San Fulgencio ha aparecido en los medios nacionales por lo que los socialistas llaman un “espectáculo ridículo e innecesario” que socava la confianza en la democracia local. Instan al gobierno regional a intervenir para evitar un mayor deterioro institucional y restablecer la gobernanza normal lo más rápido posible.
El alcalde Ballester, sin embargo, rechaza las acusaciones de mala fe. Afirma que la opinión del fiscal se basa en legislación que desde entonces ha sido derogada e insiste en que hubo genuinas fallas de procedimiento en las sesiones suspendidas, particularmente en lo que respecta al estatus formal del concejal independiente que respaldó la moción. Si bien admite que se cometieron errores, Ballester sostiene que el PP actuó dentro de su comprensión de la ley y dice que acatará cualquier decisión que finalmente dicte el juez.
Mientras el tribunal se prepara para dictaminar, aumenta la presión sobre el alcalde para que se haga a un lado voluntariamente. Para el PSOE, la elección es clara: dimitir ahora y permitir que se elija un nuevo alcalde, o arriesgarse a prolongar una crisis jurídica y política que, advierten, está manchando la reputación de todo el municipio.