Unidos por la Costa nos recordaba esta semana en su página de Facebook que los carteles publicitarios están prohibidos en carreteras nacionales como la N-332, incluso cuando sean meramente visibles desde autopistas o autovías.
Esto no es una guía ni un consejo. Aquí en España es la ley.
Según la Ley de Carreteras de España (Ley 37/2015), la publicidad en la carretera está prohibida para evitar la distracción del conductor y reducir el riesgo de accidentes. Los legisladores dejaron claro que la seguridad vial es lo primero.
Sin embargo, cualquiera que conduzca por la costa puede ver que la ley se ignora de forma rutinaria.
Vallas publicitarias de gran tamaño se ciernen sobre las carreteras y zonas residenciales, muchas de ellas claramente visibles desde las rutas de alta velocidad. Los marcos de metal oxidados, los paneles descascarados y los reflectores deslumbrantes se han convertido en una característica familiar (y no deseada) del paisaje.
Los ayuntamientos no pueden alegar falta de autoridad. Tienen plenos poderes para regular, restringir o prohibir directamente tales instalaciones cuando las carreteras nacionales pasan por zonas urbanas. Si deciden no actuar, no es porque tengan las manos atadas, sino porque carecen de la voluntad política para hacerlo.
¿Por qué? Porque los permisos de vallas publicitarias generan ingresos.
Y mientras el dinero fluye, los residentes deben vivir junto a estructuras de acero corroídas, a menudo en malas condiciones e iluminadas las 24 horas. Pocos propietarios elegirían voluntariamente vivir junto a un cartel publicitario iluminado permanentemente; sin embargo, esto es precisamente lo que muchos se ven obligados a aceptar.
Cuando las estructuras se dañan o colapsan, la explicación es siempre la misma: fuertes vientos, mal tiempo, imprevistos. Pero estas excusas suenan huecas. Las estructuras publicitarias deben diseñarse, certificarse y mantenerse para resistir condiciones climáticas normales. Las inspecciones técnicas antes de la emisión de licencias no son extras opcionales: son un requisito legal.
La incómoda verdad es ésta: la negligencia, la permisividad y la falta de supervisión han permitido que el problema se extienda.
El deterioro visual y el peligro potencial que representan estas vallas publicitarias no es un accidente ni un acto de la naturaleza. Es el resultado directo de decisiones administrativas… o de no tomarlas.
La costa merece algo mejor que un horizonte de hierro oxidado y publicidad intrusiva. Merece seguridad, respeto por el medio ambiente y autoridades públicas dispuestas a hacer cumplir la ley en lugar de sacar provecho de ignorarla.
Crédito: Unidos por la Costa